TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Nuevo Gobierno debe potenciar el Departamento de Anticorrupción de la Policía

En el Paraguay nadie está seguro. La inseguridad campea por todos lados. En las calles, están los motochorros, asaltantes armados ingresan en viviendas y comercios; delincuentes del crimen organizado (PCC, Comando Vermelho, Os Manos, etc.) planifican atracos a gran escala, ni que hablar de los drogadictos que cometen todo tipo de delitos para solventar sus vicios, y luego están aquellos que deberían resguardarnos de los malhechores, los policías, que sin embargo, en muchos, muchísimos casos, hacen causa común con los malvivientes.

El caso más reciente ocurrió el fin de semana nada más, cometido por agentes policiales corruptos del puesto policial n°11 del barrio Santa Ana, quienes, según las denuncias, confirmadas por sus propios camaradas, salieron de su jurisdicción en un vehículo particular y raptaron a un menor de 16 años, que estaba en bicicleta en la zona del Km 7 barrio Don Bosco, lo llevaron hasta la sede policial, en donde lo torturaron, le plantaron drogas (marihuana) y le intimaron a comunicarse con su padre, pidiendo al hombre un millonario monto por la liberación de su hijo.

Al suceder este tipo de hechos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que hoy nadie se siente seguro en el Paraguay. Por ello, muchos vecinos se agrupan para vigilar sus calles, y muchas veces ya tuvimos casos de personas haciendo “justicia por mano propia”, algo que es inadmisible en un Estado de derecho, pero que constituye el último recurso que encuentran ciertos pobladores para defenderse.

Ocurre que la Policía Nacional, además de estar inficionada por la corrupción, está desbordada porque, entre otras cosas, solo unos diez mil de sus poco más de 22 mil efectivos se ocupan de la seguridad de la ciudadanía, o sea, uno por cada 791 habitantes, siendo que la Organización de las Naciones Unidas aconseja que la relación sea de uno por cada 333. La mayoría de los funcionarios policiales –el 62%– están asignados a reparticiones tales como la Dirección Administrativa, el Hospital y la Escuela de Policía, el Departamento de Identificaciones y el de Bosques y Asuntos Ambientales, o bien integran grupos especiales para reprimir ciertos delitos, como el abigeato y la trata de personas. Además, muchos de los que están afectados a las comisarías son destinados para atender la seguridad de privilegiados funcionarios de los tres Poderes del Estado y sus familiares. Sin olvidar que numerosos efectivos fungen de guardaespaldas privados a cambio de una coima para el comisario. Resulta así que la cantidad de policías dedicados efectivamente a brindar seguridad a las personas es muy inferior a la ya de por sí insuficiente cantidad total antes referida.

Si a esto le sumamos la actuación policial en ciertas dependencias, debemos de reconocer que a estas alturas el “polibandi” –delincuente uniformado– ya no es ninguna figura exótica, sino una realidad bien conocida.

La Policía Nacional cuenta hace dos años con un Departamento de Transparencia y Anticorrupción, que recibe denuncias de la ciudadanía con respecto a las actuaciones de los uniformados. Sin embargo, hasta el momento esta dependencia es apenas una de las tantas oficinas inútiles, recargadas de funcionarios, que pululan en la administración pública, sin servir efectivamente para que los policías deshonestos, de cualquier jerarquía, sean apartados y den con sus huesos en la cárcel.

Es de esperar que el nuevo gobierno del presidente Santiago Peña y el ministro del Interior Enrique Riera optimicen el funcionamiento de este Departamento policial, a fin de garantizar una reacción más rápida y efectiva ante la aparición de casos de polibandis, agentes “gatillo fácil” y otros donde están involucrados agentes policiales. Eliminando a los elementos corruptos de la Policía Nacional, será un paso clave en el combate a la delincuencia, ya que los denominados “polibandis” constituyen parte activa de las actividades de los malhechores.

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