La agente fiscal de turno, Julia González, luego de tomar declaración testifical a un adolescente de 16 años, víctima de rapto, tortura, amenaza de muerte y extorsión, abrió una causa de oficio para investigar a los agentes policiales responsables de la criminal acción. El caso del menor, que vivió horas de terror en una sede policial de Ciudad del Este, al ser raptado de la calle y luego derivado a un puesto policial del barrio Santa Ana, conmocionó a la ciudadanía que pide justicia y que los “polibandis” sean procesados y condenados. En tanto, la víctima declaró estar con mucho temor, al recibir amenazas de muerte de parte de los agentes corruptos.
Ayer de tarde, declaró el muchacho de 16 años que fue víctima de los terribles abusos y crímenes cometidos por agentes del puesto policial nº 11 del barrio Santa Ana. De acuerdo con los datos, el terrible caso ocurrió el viernes último, en horas de la mañana, cuando el menor caminaba sobre una calle del barrio Don Bosco, llevando una bicicleta consigo. Fue alteado por los agentes policiales, quienes se encontraban de un automóvil Toyota Allion, color blanco, quienes le exigieron su cédula de identidad. El joven de 16 años les manifestó que no la traía consigo, por lo que los uniformados, sin más trámites y de manera totalmente abusiva e ilegal, lo trasladaron hasta el puesto policial n° 11 del barrio Santa Ana.
Una vez en la sede policial, agredieron verbalmente al muchacho, lo torturaron con golpes de culata de pistola en la nuca y brazos, además de apuntarle a la cabeza y amenazarlo que “le pasaría algo grave” si no colaboraba. Además, le “plantaron” una pequeña cantidad de marihuana en los bolsillos para acusarlo de posesión de estupefacientes. Posteriormente, se comunicaron con su padre, F.M., quien se encontraba por cuestiones laborales en la zona J. Eulogio Estigarribia (ex Campo 9, departamento de Caaguazú), a quien le exigieron la suma de 30 millones de guaraníes, para liberar al menor y no acusarlo por la supuesta posesión de drogas. Los agentes acusados de participar del operativo ilegal y extorsivo son el suboficial principal Eutaciano Roa (líder del equipo), suboficial primero Esteban Galeano, suboficial primero Adalberto Villar y el suboficial ayudante Francisco Javier Samudio, según denunciaron camaradas de los mismos, que se enteraron del procedimiento extorsivo.
Desesperado ante la situación, el hombre abandonó su trabajo y se trasladó de inmediato hasta Ciudad del Este, en donde entregó G. 3 millones en efectivo a los agentes, logrando finalmente alrededor de las 17.00 horas del viernes la liberación de su hijo.
FISCALÍA INVESTIGA EL CASO
La fiscal Julia González convocó ayer al menor y tras tomar su declaración testifical anunció una serie de diligencias. Señaló que pedirá informes a la Policía y citará a los agentes involucrados. Además pedirá imágenes de circuito cerrado de casas comerciales de la avenida Perú, inmediaciones de donde el menor fue raptado. Esto llevando en cuenta que los policías enviaron un informe totalmente manipulado a la Dirección de Policía, en donde cambiaron el horario de la detención del menor, así como el lugar de la aprehensión. También refirieron que el adolescente solo permaneció media hora en sede policial, cuando en realidad estuvo aproximadamente desde las 11:00 de la mañana hasta las 17:00, del viernes 04 de agosto.
Los agentes involucrados incurrieron en una serie de delitos, como ser privación ilegítima de libertad, coacción grave, extorsión y tortura, por lo que se esperaba que también el Crio Gral. Insp. Blas Vera, director de Policía del Alto Paraná, tome alguna determinación al respecto, sin embargo, hasta el cierre de nuestra edición, no hubo ningún pronunciamiento oficial sobre el grave caso por parte de la Policía, que una vez más ensucia la reputación de la Policía Nacional.