Amañado concurso de Itaipu debe ser anulado

No hay ninguna duda que el “concurso para contratación de personal” en la Itaipu ha sido una mera fachada para “enchufar” a parientes y amigos de funcionarios y políticos oficialistas en la entidad binacional, evidenciando que el director general paraguayo Manuel María Cáceres, maneja la IB como “despensa de barrio”, así como lo han hecho muchos de sus antecesores, dicho sea de paso.

Mientras los “ganadores” ya están felices ocupando sus puestos, los miles de participantes que quedaron afuera califican al concurso como un mero proceso de blanqueo para parientes y recomendados, mientras que aquellos que no tuvieron “padrino”, no han tenido ninguna posibilidad. Entre estos concursantes reina un sentimiento de desazón y de desesperanza al ver que la mayoría de las personas contratadas están de alguna manera, ya ligadas a la entidad o a algún otro funcionario. Los denunciantes aseguran que el concurso ha sido solamente una fachada para el ingreso de hijos, parientes y recomendados políticos, y que aquellos que no tienen un “padrino” no tuvieron forma de entrar.

En este escenario, las varias denuncias que van desde direccionamiento, requisitos ajustados al perfil de amigos, familiares de altos funcionarios como la admisión de empleados ya incorporados para ascensos, en el polémico concurso de la Itaipú y que ya llegó a los estrados judiciales, debe ser revisado, de ser posible rectificado. Todos los trascendidos de cómo clanes de los jefes heredaron cargos a mansalva no pueden quedar en la impunidad.

El Proceso Selectivo Externo (PSE), modalidad de contratación fomentó un intenso tráfico en el portal de la Itaipú con la masiva postulación para los diferentes cargos y a la par se originaban los primeros descontentos, denuncias de parentela de altos funcionarios a la pesca, como empleados ya vinculados que buscaban un ascenso en una competencia que se creía era para nuevas contrataciones. El límite de edad que aplicaron a los requisitos intensificó el escrache, puesto que muchos profesionales de larga trayectoria en el rubro de la ingeniería, el derecho, administración, etc., quedaban de entrada fuera del concurso.

Los cuestionamientos a los exámenes escritos, sin posibilidades de revisión, muchos se quejaban de desapariciones de sus puntajes, sus nombres y las denuncias de confusas preguntas en las pruebas de admisión intensificaron los reclamos, pero todo esto quedó en el limbo.

Una medida de amparo, pidiendo auxilio a la Justicia surgió de todo este laberinto que lastimosamente hizo perder la esencia de un valioso recurso como es el concurso de méritos y aptitudes para ingreso al Estado. Los jueces, como penosamente nos tienen acostumbrados en el ámbito judicial, rechazaron el amparo presentado por un gremio de abogados, por lo que el concurso se finiquitó con los consabidos resultados.

En definitiva, la Justicia debe anular el amañado concurso de manera que la binacional incorpore los mejores profesionales a su staff. Los más de 9 mil aspirantes iniciales merecen respeto y la ciudadanía el respeto de que el patrimonio público sea bien administrado.