Juez suspendió audiencia de imposición de medidas al intendente Miguel Prieto

Miguel Prieto, intendente de CDE.

La audiencia de imposición de medidas al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, fue suspendida ayer tras la presentación de un recurso de su defensa y de los demás imputados. Para las 11:00 estaba fijada la audiencia ante el juez Humberto Otazú, en el marco de la imputación por la presunta compra irregular de alimentos para familias de escasos recursos durante la pandemia del Covid-19. El jefe comunal alega que todo es parte de una “inmisericorde persecución política en su contra”, en tanto la Fiscalía y sus detractores hablan de millonarios negociados e irregularidades cometidas bajo su gestión.

El jefe comunal de CDE y otras 10 personas fueron procesados por lesión de confianza tras la apertura de una investigación sobre presuntas irregularidades en la licitación de alimentos durante la pandemia del Covid-19, que derivó en un allanamiento a la empresa que proveyó los kits alimenticios. De acuerdo con la investigación, se compraron productos por valor de G. 3.000 millones y que el proveedor facilitó su empresa para cometer irregularidades. “Tía Chela” es la empresa que proveyó los kits entregados y esta compró insumos de otra firma, que sería de una persona vinculada al entorno de Prieto.

Ayer en la capital del país, el juez Humberto Otazú Fernández, del juzgado penal especializado en Delitos Económicos, rechazó la excepción de incompetencia, el incidente de nulidad de la imputación y el recurso de reconsideración contra la convocatoria de la audiencia de imposición de medidas, en el marco del proceso abierto contra el intendente Miguel Prieto y otros 10 implicados en la supuesta compra fraudulenta de alimentos.

La defensa del exdirector de Desarrollo Social y actual concejal Sebastián Martínez (Yo Creo) había presentado una excepción de incompetencia del juez Otazú, al sostener que el magistrado está asentado en Asunción y que el hecho investigado ocurrió el Ciudad del Este, por lo que la causa debe ser tramitada en un juzgado de la capital de Alto Paraná.

Los defensores del concejal Martínez también plantearon un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la resolución del juez Otazú por la cual se admitió la imputación fiscal y se convocó la audiencia. La defensa alegó que la notificación de la decisión judicial se dio por vía incorrecta (por WhatsApp).

Iguales recursos fueron planteados por la defensa de los coimputados Maggi Fariña, José Cáceres, Julián Benítez, Nelson Segovia, Higinio Acuña y Cirle Alcaraz. El juez Otazú igualmente rechazó incidentes de nulidad de la imputación promovidos por los defensores de los imputados, quienes sostienen que los hechos atribuidos no están sucintamente descriptos. A raíz de la apelación en subsidio de los defensores, el expediente será remitido al Tribunal de Apelaciones para la revisión de la decisión de primera instancia.

IMPUTACIÓN FISCAL

Según la imputación de la Fiscalía, la Municipalidad esteña habría sufrido un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 a raíz de la compra de los alimentos efectuada en 2020 mediante una licitación convocada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela SRL.

Los fiscales Alcides Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas sostienen que la empresa contratada Tía Chela SRL no contaba con capacidad técnica ni financiera para proveer los alimentos por G. 2.949.650.000. Tampoco se tiene trazabilidad de los productos que había adquirido de sus proveedores. Además, en la lista de beneficiarios aparecen personas residentes fuera del país y de Ciudad del Este.

En su defensa, el intendente Prieto afirmó que todas las cestas de alimentos fueron entregadas a las familias afectadas por la pandemia y que la entrega está documentada incluso georeferenciada.

MANIFESTACIÓN DE EXFUNCIONARIOS

Un reducido grupo de personas pertenecientes al sindicato de funcionarios de la Municipalidad de CDE, del movimiento ciudadano multisectorial anticorrupción y de otros sectores se manifestaron frente al Palacio de Justicia de Asunción, donde se iba a desarrollar la audiencia de Prieto.

Rogelio Núñez, trabajador municipal y miembro del sindicato, indicó que llegaron de Ciudad del Este para acompañar el proceso y exigir cárcel para el intendente. “Estamos viniendo para acompañar todo el proceso penal de la denuncia que se presentó hace tres años y que estaba cajoneada”, afirmó En esa línea, denunció que desde que Prieto asumió las riendas de la Comuna mantuvo “el mismo sistema de saqueo y persecución a trabajadores, manteniendo el estado de servilismo del funcionariado público con el objetivo de tener la mano libre para saquear la Municipalidad”.

PRIETO ACUSA AL CLAN ZI

Por su parte, Miguel Prieto acusó al clan Zacarías Irún de estar detrás del proceso que salpica su gestión. Sobre la manifestación en su contra, refirió que se trata de “personas que desvinculó de la Comuna”. El jefe comunal había anunciado recientemente una gran manifestación para el próximo 15 de agosto, casualmente día de la asunción al poder del presidente Santiago Peña, para repudiar la presunta persecución política de la que es víctima.