TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Durante cinco años, Junta Departamental ignoró barbaridades cometidas por González Vaesken

19 de los 21 concejales departamentales aprobaron religiosamente cada año las rendiciones de cuenta del gobernador, pese a las graves irregularidades y negociados denunciados por dos ediles.

Durante cinco años, una mayoría aplastante de 19 de los 21 concejales integrantes de la Junta Departamental del Alto Paraná aprobaban sin pestañear las irregularidades y negociados cometidos por el cuestionado gobernador Roberto González Vaesken (ANR). De acuerdo con los datos, los ediles obsecuentes percibían una especie de “sobresueldo” o “incentivo” para aprobar con los ojos cerrados cualquier pedido o exigencia del ejecutivo regional. Días pasados, la Contraloría General de la República detectó un daño patrimonial de casi G. 700 millones en la licitación para la provisión del almuerzo escolar, concurso que en su momento también fue estudiado y aprobado a tambor batiente por los lacayos del Vaesken.

Durante cinco años, 19 de los 21 concejales departamentales fueron obsecuentes y cómplices de los negociados e irregularidades cometidos en la Gobernación, administrada por Roberto González Vaesken. Cada año, la Junta realizaba un burdo “simulacro” de estudio de la ejecución presupuestaria, que terminaba siempre con la aprobación de la rendición de cuentas, por aplastante mayoría. Solo los concejales Sandra Miranda (Patria Querida) y Felipe Carlos Mora (Partido Tekojoja) se oponían, haciendo denuncias, pidiendo informes o exigiendo documentación respaldatoria, a lo cual nunca recibían respuestas y más bien eran objeto de burlas de parte de sus propios colegas concejales.

En marzo de este año, la Junta Departamental (periodo 2018-2023) aprobó la última rendición de cuentas de Vaesken (la rendición del periodo 2023 ya corresponderá estudiar a la J.D. que asumirá este 15 de agosto), con fuertes cuestionamientos de parte de los concejales Miranda y Mora, quienes apuntaron en su informe obras de mala calidad que presentan fisuras, goteras, puertas que no se cierran, sillas que en menos de cinco meses están inservibles, entre otras observaciones.

La edil Miranda aseguró que en estos cinco años se repitió el mismo tipo de “modus operandi”, donde alguien se beneficia del dinero público y “cuando finalmente tienen que terminar la obra lo hacen a las apuradas sin tener en cuenta la durabilidad que van a tener esas inversiones”. Para ejemplificar lo dicho, mencionó que las obras ejecutadas en el 2019 en el centro de salud del distrito de Juan León Mallorquín hoy están en pésimas condiciones.

La concejal además presentó con fotografías su visita al hospital distrital de Presidente Franco, cotejando datos entre lo que figura en las actas de certificación pudo comprobar que no se han realizado el 100% de lo que dice en el documento. “Realmente esto es grave, porque se trata de documentos públicos de contenido falso. Se fragua un documento para poder avalar desembolso de dinero, porque en todos estos contratos no están permitidos los pagos adelantados, sí o sí, tiene que ser contra servicios prestados, eso quiere decir que se tiene que realizar la obra, cotejar el avance, para que se pueda desembolsar”. Acotó que en los casos verificados se habla de sumas elevadas de recursos públicos. “No estamos hablando de 5 o 10 millones, sino de cifras multimillonarias. Vemos que las obras no se inician a tiempo, no se hacen en forma, las certificaciones son falsificadas”. Sin embargo, de nada sirvió su discurso, puesto que 19 de sus colegas aprobaron la rendición de cuentas de Vaesken.

FACSIMIL: La comisión de hacienda y presupuesto de la J.D. aprobó todas las licitaciones del 2019, donde también estaba la cuestionada provisión de almuerzo escolar ganada por la firma FITRA, causando un daño patrimonial de casi G. 700 millones, según la CGR.

CONCEJALES APRUEBAN, CGR HABLA DE DAÑO PATRIMONIAL

Días pasados, La Clave se hizo de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, institución que detectó irregularidades y negociados en la provisión del almuerzo escolar, cometidos por la Gobernación de Alto Paraná. Se apunta un daño patrimonial de casi G. 700 millones, donde el órgano contralor acusa al equipo evaluador (Unidad Operativa de Contrataciones UOC) de maniobrar para beneficiar a una polémica empresa (FITRA SRL), que ya había llamado la atención por irregularidades en otros departamentos. Al adjudicar a la mencionada Compañía, descalificando de manera irregular a otras empresas con ofertas más bajas, se provocó un daño patrimonial considerable ( G. 688 millones) a la institución, refiere la Contraloría. Los antecedentes del caso ya fueron remitidos a la Fiscalía Anticorrupción, que deberá imputar al gobernador y a su secretario de Educación, Edgar Velázquez, por la presunta comisión de varios delitos.

Paradójicamente, la comisión de hacienda y presupuesto, en el estudio de la ejecución presupuestaria del año 2019, dictaminó que “analizó detenidamente los documentos respaldatorios de todas las licitaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2019, refiriendo que “todo está correcto”, cuando que la CGR halló un daño patrimonial de casi G. 700 millones, solo en el rubro de almuerzo escolar.

Con ello, queda evidenciada la obsecuencia y complicidad de la actual Junta Departamental con el nefasto gobernador González Vaesken. Es de esperar que los nuevos concejales departamentales, quienes asumirán en menos de dos semanas, tomen muy en cuenta esta situación y no se conviertan también en cómplices y encubridores del nuevo titular del Ejecutivo Departamental.

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