TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Cuestionan que la Contraloría no verifique manejo de la Municipalidad franqueña

Las denuncias por irregularidades en Pdte. Franco son ignoradas por la CGR.

La Municipalidad de Presidente Franco no goza de una administración próspera y transparente, pero, pese a varias denuncias con documentos respaldatorios, la Contraloría General de la República (CGR) no realizó ningún examen especial en la institución. Trascendió que el blindaje al intendente Roque Godoy proviene de acuerdos logrados con sectores del Gobierno, a través de su esposa, la diputada Roya Torres.

Uno de los pedidos más amplios que fueron llevados a la CGR lo hizo el año pasado el concejal Hugo Mendoza, quien arrimó suficientes constancias para respaldar sus denuncias, pero el contralor Camilo Benítez ni siquiera respondió a la solicitud. Lo único que se logró, en estos días, fue mencionar a Presidente Franco entre los municipios con irregularidades con los recursos del almuerzo escolar que, de acuerdo al informe del órgano contralor, fueron enviados al Ministerio Público.

“El municipio tiene un déficit aproximado de G. 5 mil millones, incluyendo el préstamo que realizaron el año pasado, es decir, por encima de eso, se sigue arrastrando fácilmente una deuda flotante de G. 3 mil millones de déficit. No puedo hablar con exactitud de monto, porque jamás han respondido a mis pedidos de informes, y los balances siempre enviaron los números, pero no los documentos que respalden a los mismos”, explicó el edil, quien siempre se mostró crítico a las gestiones de Roque Godoy en la Comuna franqueña.

Al respecto, Mendoza resaltó que la Contraloría cuenta con la influencia del clan Amarilla (Dionisio), quien es aliado del equipo de Honor Colorado en el Parlamento y, por ende, padrino político de la diputada Roya Torres y el intendente Roque Godoy, y eso hace que tengan “cobertura” en sus actuaciones en el gobierno municipal. Inclusive, mencionó que la asesora externa de la institución municipal, Magdalena Montiel, también da un resguardo a la Comuna, por los nexos políticos existentes.

PUNTOS QUE DEBEN SER VERIFICADOS

Uno de ellos es la contratación de jornaleros, ya que nunca el ejecutivo respondió a los pedidos de informes que se solicitaron desde la Junta Municipal, lo mismo sobre las transferencias al sector privado, específicamente a las comisiones vecinales y las adquisiciones y contrataciones que se hicieron por la vía de la excepción, atendiendo a que por Ley, tienen especificaciones para proceder de esa manera, según situaciones específicas.

La verificación de la calidad de las obras y las documentaciones sobre el desembolso por las adjudicaciones realizadas, las retenciones de IVA a prestadores de servicios (jornaleros), verificar planilla de retenciones y transferencia de los montos a la Secretaria de Estado de Tributación (SET), también deberían llamar la atención de los técnicos de la CGR.

En el rubro de combustibles, también se denunció que su utilización no condice con la operatividad del parque automotor. En noviembre del año pasado, en pleno periodo electoral, el intendente Roque Godoy, logró la aprobación de una adenda por G. 300 millones para la adquisición de combustibles, cuando numerosas maquinarias y rodados estaban tirados en el predio del corralón municipal.

El año pasado se aprobó un préstamo de G. 1.750 millones, y el rubro de jornaleros aumento a G. 1.945 millones, con la reprogramación para ese rubro y 50 millones de la moneda nacional para honorarios profesionales, llegando a unos G. 1995 millones, con el argumento que serían cubiertos con recursos genuinos.

Pese a todo, la CGR no incluye a Presidente Franco en el Plan General de Auditorías (PGA) y menos aún, da trámite a las denuncias que fueron presentadas ante esa instancia por miembros de la Junta Municipal.

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