Uno de los más graves problemas que enfrenta el país es la inseguridad física de las personas y sus bienes. Aunque en las últimas dos décadas la Policía Nacional aumentó su cantidad de efectivos y sus recursos disponibles para combatir la delincuencia, el servicio que presta a la ciudadanía carece de eficacia. No hay solvencia ética ni eficiencia en esa institución clave de la sociedad. Por lo tanto, los que pagan sus impuestos para que el Ministerio de Hacienda abone los salarios a los que no cumplen su función de acuerdo a la expectativa social son estafados a diario.
Los casos de corrupción policial no cesan, los escándalos están a la orden del día y la única reacción son movidas y traslados, sin mayor trascendencia dentro del “engranaje” corrupto, que se mantiene intacto.
Los que han gobernado y gobiernan el país, a lo largo del cuarto de siglo posterior a la caída de la dictadura, han puesto un excesivo énfasis en la cantidad de las prestaciones a la ciudadanía en detrimento de su calidad. Basta echar una mirada a lo que ha pasado con algunas de las instituciones claves del desarrollo para encontrar fundamento a esta afirmación.
El Poder Judicial ha crecido enormemente. La cobertura de juzgados, fiscalías y defensorías públicas abarca casi todo el territorio nacional. Las grandes distancias entre la sede judicial en la que se sustancia un caso y el lugar de residencia de las personas inmersas en un litigio legal se han acotado en gran medida.
La Policía Nacional, en tanto, vivió el mismo fenómeno de incremento cuantitativo. Actualmente las lejanas compañías cuentan con efectivos con medios de movilidad y de comunicación que antes parecían imposibles. Distribuidos en todo el país, hoy existen más de 25.000 policías.
Así como al crecimiento numérico del Poder Judicial y de la educación de gestión pública oficial no siguió un progreso cualitativo hasta el presente, a la Policía Nacional tampoco le alcanzó aún la etapa de la excelencia.
La corrupción es el principal obstáculo que impide a esa institución cumplir con eficacia su labor de defensa de la vida y los bienes de la ciudadanía. La aceptación de sobornos, la venta de protección a empresas, el funcionamiento de cajas comunes para distribuirse entre jefes y subalternos, los policías asaltantes y otros males forman parte de una estructura podrida que, contradictoriamente, apeligra y ataca la seguridad ciudadana.
Es necesario que el nuevo ministro del Interior piense en una profunda y radical depuración de la Policía. Con simples traslados no se va a arreglar el problema de los policías que sirven por dinero a asaltantes, narcotraficantes y otros delincuentes, traicionando su responsabilidad. Para sanear los cuadros policiales, habrá que poner a muchos de ellos en la calle. Serán menos peligrosos afuera que adentro, mimetizados y amparados en el uniforme. La ciudadanía exige y merece seguridad reclamando policías honestos y comprometidos con la seguridad de las personas.
