La cuestionada jueza penal de garantías Cinthia Garcete liberó ayer a otros cuatro policías “gatillo fácil”, acusados del doble homicidio de una pareja, acribillada a balazos en noviembre del año pasado durante un craso error de procedimiento de los agentes. La magistrada, considerada una “experta blanqueadora” de políticos y delincuentes de toda laya, incluso ignoró un informe del laboratorio criminal de la Policía Nacional, que confirma que los 11 involucrados en el fallido operativo efectuaron disparos de arma de fuego, evidenciando su culpabilidad en el doble asesinato. En tanto, la jueza denegó el arresto domiciliario a otros dos agentes acusados en la causa, quienes no habrían reunido los USD 10.000 exigidos para obtener arresto domiciliario.
En su decisión, sumamente cuestionada por familiares de las víctimas y la comunidad en general, la jueza Cinthia Garcete otorgó ayer arresto domiciliario a otros cuatro de los acusados de matar a balazos a la pareja conformada por Alex Enrique Alejandro Ortiz Estigarribia y Gloria Yetsica Espínola Cáceres, acribillados a tiros el 19 de noviembre de 2022, en el km 12 Acaray de Ciudad del Este, durante un fallido operativo policial. El lunes último, la magistrada ya había otorgado arresto domiciliario al oficial 1º Roberto Samaniego Parquet, personal del Grupo Especial de Operaciones (GEO), imputado por homicidio doloso en carácter de autor material.
Ayer fue el turno de los suboficiales Rubén Darío Giménez Maidana, Manuel Ramón Villalba Gómez, Alfredo Villalba Agüero y el comisario Hugo Regis Florentín Stiglich, quien fuera jefe del Departamento de Investigación de Delitos del Alto Paraná, al momento de ocurrir la tragedia, en recuperar sus libertades, mediante la figura del arresto domiciliario, gracias a la “benevolencia” de la cuestionada magistrada Garcete. La libertad más cuestionada es la del comisario Florentín Stiglich, quien ya posee antecedentes por secuestro y extorsión.
El caso se remonta al año 2013, en un presunto secuestro exprés en Ciudad del Este. Según los datos, en aquella ocasión, el ciudadano Rubén Darío Jacquet Benítez estaba con su esposa, una empleada y su hijo de 2 años, cuando fue abordado por policías a cargo de Florentín. La víctima fue llevada a la sede de Antinarcóticos y tuvo que pagar USD 6.000 para recuperar su libertad. Luego de cinco días solicitaron el allanamiento de la vivienda de Jacquet, supuestamente en busca de estupefacientes. Dos días después el hombre fue hallado muerto de varios disparos. Florentín Stiglich fue imputado por privación ilegítima de libertad y extorsión. Luego fue beneficiado con criterio de oportunidad. En el 2019 por esta razón tuvo un ascenso aplazado al grado de comisario principal.
DOS PEDIDOS DENEGADOS
Sin embargo, sugestivamente la jueza Garcete denegó el mismo pedido de arresto domiciliario a los suboficiales Pedro Osvaldo Brítez y Javier Antonio Martínez Ocampos, manteniendo para ambos la prisión preventiva. Esto se debería, según indicaron fuentes fidedignas, que los mencionados no tenían la suma de USE 10.000 cada uno, que era el “costo” del arresto domiciliario.
La lamentable y repudiable decisión de la magistrada se concretó pese a la existencia de un contundente informe del Laboratorio de Investigación Criminal de la Policía, en donde la prueba química de nitritos y nitratos aplicada a los 11 uniformados acusados del doble homicidio dio positivo en ambas manos (derecho e izquierda), evidenciando que todos tuvieron participación en el asesinato de la pareja. Igualmente, el informe laboratorial corrobora que tanto Alex Enrique Alejandro Ortiz Estigarribia como Gloria Yetsica Espínola Cáceres no efectuaron disparo alguno, según la prueba química de balística. Esto agrava aún más la situación de los agentes, ya que resulta obvio que las víctimas no estaban armadas ni efectuaron disparos hacia los intervinientes.
Cabe recordar que los abogados defensores de los policías “gatillo fácil” recusaron a la fiscal de la causa Vanesa Candia, luego de casi ocho meses de la investigación, y sin existir motivos suficientes para el efecto. Llamativamente, el fiscal adjunto del área penal X no se pronunció para confirmar o designar a otro agente fiscal y con ello se impidió que la fiscal esté presente en las audiencias de revisión de medidas, facilitando así la concesión de arresto domiciliario para los mismos.
JUEZA ACUSADA DE CORRUPTA SIGUE FIRME
Pese a las graves denuncias por las descabelladas resoluciones y mal desempeño presentadas contra la juez penal de garantías Cinthia Garcete, la misma sigue campante en el cargo, gracias a sus “buenos contactos” y padrinazgos en el Poder Judicial. Según fuentes, el abogado Jorge Bogarín, miembro del Consejo de la Magistratura (con permiso y declarado significativamente corrupto por los EE.UU.), sería uno de los principales defensores de la cuestionada magistrada, sobre quien pesa una larga lista de denuncias por atrocidades cometidas en su juzgado. Garcete, en su momento, blanqueó a la pareja de exintendentes de CDE, Javier Zacarías Irún, y su esposa Sandra McLeod, en un proceso por serias irregularidades cometidas durante su función en la Comuna esteña. También liberó a un feminicida de una menor de 17 años, entre otras “perlas” muy cuestionadas, no obstante, nada parece que le hace tambalear y sigue campante en su cargo.
Familiares de las víctimas del doble asesinato lamentaron la situación y que todo se encamina hacia la impunidad de los acusados de segar dos jóvenes vidas. Alegaron que no cuentan con recursos económicos ni inmuebles para al menos denunciar a Cinthia Garcete ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Hoy día, los requisitos para denunciar a un magistrado ante el JEM son tan elevados, que para personas de escasos recursos resulta prácticamente imposible formular una acusación formal.
