El pedido de aumento del pasaje en CDE, formulado por la Asociación de Empresarios del Transporte Público de Ciudad del Este (Asetrapace) fue un “baldazo de agua fría” para los usuarios, quienes indicaron que no tienen ninguna contrapartida del sector y cada vez brindan un servicio más deficiente, peligroso y sin garantías. Está actualmente en comisiones asesoras de la Junta Municipal, el pedido de alzar el precio del pasaje a G. 5.000 y hay un temor justificado que una mayoría de ediles “incentivados”, podría aprobar el pedido.
Los principales reclamos de los usuarios son el incumplimiento de itinerarios y la frecuencia para los “redondos” que les toca, entre los barrios de Ciudad del Este, la zona del mercado de abasto y el microcentro de Ciudad del Este. Muchos usuarios indicaron que esperan 45, 60 y hasta 90 minutos los colectivos para llegar a destino, sin la seguridad que eso ocurra, porque los problemas mecánicos que son constantes, hacen que las “chatarras” se queden a mitad de camino. Estos buses vetustos que prestan servicios en Ciudad del Este ya ocasionaron, inclusive, accidentes mortales, pero siguen siendo habilitados por las autoridades municipales.
Un sistema de transporte público eficiente y de calidad es una condición indispensable para la calidad de vida de la población y para la sostenibilidad ambiental de las ciudades. Cuando no hay una política de transporte, se termina perjudicando toda la ciudadanía. En primer lugar, se afecta a la que requiere movilizarse en el transporte público, que generalmente es la más vulnerable, con recursos escasos y sobre las cuales el costo de movilizarse de su vivienda al lugar de trabajo o estudio tiene un alto impacto sobre sus ingresos.
Pero también afecta al resto de la ciudadanía. Un mal sistema de transporte colectivo incentiva a quienes pueden reemplazar ese sistema a adquirir otros medios como motos y automóviles, con las consecuencias de ello en la congestión del tráfico y la contaminación ambiental.
Es preocupante que el Estado no cuente con una política pública seria y transparente, con metas claras a largo plazo, dejando de lado los viejos vicios del sector e imponiendo nuevas y claras reglas de juego. Las instituciones involucradas en el servicio muestran ineficacia en el ejercicio de sus competencias y sus funcionarios son de dudosa honestidad. Esto sin considerar las muestras de tráfico de influencia y conflicto de intereses que cada cierto tiempo se evidencian y que hasta ahora no han podido ser superadas.
La ciudadanía, año a año, es testigo de discusiones entre los diferentes sectores: funcionarios públicos de las diferentes instancias involucradas y empresarios del sector acerca de las discrepancias en los costos y su estructura. Muchos recursos públicos se han destinado al sector en las últimas décadas, sin resultados beneficiosos. Es hora que se tome decisiones drásticas con respecto a la información que se requiere para diseñar una política pública acorde con las necesidades ciudadanas. De lo contrario, los empresarios seguirán siendo los dictadores del sector y se seguirán burlando de la ciudadanía. Si bien la implementación de buses eléctricos, como lo hará en algún punto de este año la municipalidad en CDE, es un paso en la dirección adecuada, no será suficiente para solucionar el problema del todo. Las políticas para la mejora del transporte público se deben implementar a nivel país, para que la ciudadanía perciba resultados satisfactorios.
