Mientras el presidente de la República Mario Abdo Benítez inauguraba el sábado la nueva subestación Yguazú y la línea de transmisión 500 kV, pontificando sobre la recuperación de nuestra “soberanía energética”, decenas de mineradoras de criptomonedas seguían operando inadvertidamente y robando energía a mansalva de la ANDE en diversos puntos del décimo departamento. El hecho desnuda la complicidad de funcionarios de la estatal y la negligencia y venalidad de los agentes fiscales encargados de perseguir este delito, que causa enormes perjuicios al Estado paraguayo.
El sábado último, el jefe de Estado quiso lucirse con la puesta en funcionamiento de la nueva subestación, que en teoría permitirá al país contar con las condiciones técnicas necesarias para disponer del 100% de la potencia que le corresponde por Tratado, como copropietario de la Itaipu, convirtiéndose de esa manera en un símbolo de la soberanía energética nacional. Sin embargo, expertos consultados por La Clave coincidieron en señalar que no se puede hablar de “soberanía energética”, mientras existan decenas de empresas mineradoras de criptomonedas, operando en condiciones irregulares y robando energía en cantidades industriales.
Los empresarios que aparecen detrás de este lucrativo negocio eligieron como base Paraguay, más específicamente el Alto Paraná, ya que nuestro país dispone de energía ilimitada, que se puede robar fácilmente con la complicidad de funcionarios de la ANDE y el silencio complaciente de los agentes fiscales, que deberían de intervenir ante estos hechos e imputar a los responsables, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido.
De acuerdo a los datos, los «pseudos» empresarios, muchos con oscuros antecedentes y abundantes recursos, provenientes del lavado de dinero y delitos conexos, preparan su granja mineradora y colocan sus medidores a nombre de terceras personas para así evitar procesos judiciales. Y como si todo fuera poco, una vez que se les retiran los medidores, vuelven a conectar directamente la energía, en complicidad con funcionarios de ANDE corruptos, revelan fuentes.
Supuestamente, hay funcionarios de la estatal involucrados en este esquema y a pesar de algunas esporádicas intervenciones, estos locales pululan en todo Alto Paraná, ya que no hay castigo ni consecuencias jurídicas para los responsables del robo de energía. Fuentes fidedignas aseguraron a periodistas de La Clave que en Hernandarias el principal protector de los que roban energía eléctrica a gran escala sería el Ing. César Palacios, jefe de la ANDE en esa ciudad.
Recientemente, el fiscal Julio Paredes, uno de los encargados de perseguir a los ladrones de energía, se vio prácticamente obligado a intervenir una mineradora, ubicada en el Parque Industrial Montecarlo de Hernandarias. Sin embargo, acorde a los datos, dicha mineradora ya volvió a operar, no se sabe en qué condiciones pero se presume que siguen robando energía. Tampoco hay imputados, por lo que toda la intervención prácticamente no sirvió de nada.
El fiscal Paredes fue premiado recientemente por el actual fiscal general Emiliano Rolón y pese a sus negros antecedentes en la unidad marcaria, ahora permanece en otra área mucho más sensible y “rentable”, como lo es el robo de energía por las granjas mineradoras de bitocoins, que pululan en el décimo departamento.
Además se percibe que no existe ninguna preocupación o temor de parte de los empresarios inescrupulosos que están detrás del negocio de la explotación de criptomonedas con energía robada, ya que los fiscales designados, Julio Paredes y Alcides Giménez, formarían parte de la “rosca” que protege y encubre el negocio. Los mismos “encajonan” los pedidos de allanamientos formulados por los abogados de la ANDE y cuando finalmente lo hacen, los afectados ya están avisados de todo lo que pasará y están preparados. Tampoco dan seguimiento a los procesos, nadie es imputado y los casos terminan en “oparei”.
Además, los verdaderos responsables de la minería nunca son identificados, solamente algunos testaferros aparecen. La tibieza con la que actúa el Ministerio Público tiene por claro objetivo permitir que siga este negocio, que deja millonarias ganancias a empresarios inescrupulosos y funcionarios públicos corruptos, aseguraron nuestras fuentes. Indicaron que el nuevo gobierno del presidente electo Santiago Peña deberá encarar con suma seriedad este problema. En ese sentido, el mandatario deberá “bajar línea” y obligar al Ministerio Público a actuar de manera mucho más agresiva ante el descarado robo de energía que se registra en Alto Paraná, además de combatir la corrupción existente en la ANDE, donde muchos funcionarios “patean contra su arco”, al hacer causa común con los ladrones de energía eléctrica.
