Siguen los fuertes cuestionamientos hacia el concurso para contratación de personal en la Itaipu Binacional, que está totalmente manipulado y amañado para beneficiar a los parientes de funcionarios de la entidad, además de amigos y políticos. Otra de las tantas “beneficiarias” del amaño sería la concursante Fátima Cecilia Ávalos Aguilera, quien aparece entre los finalistas sin haber alcanzado el puntaje mínimo establecido; no obstante, casualmente, la mujer es hermana de la jefa de División de Imagen Institucional de la entidad, según trascendió. Gremios de abogados habían presentado un amparo para suspender el polémico y manipulado concurso, pero a nivel judicial no se allanaron al pedido y el proceso para la repartija de cargos a privilegiados sigue viento en popa.
El escándalo más reciente con relación al concurso para llenar 220 vacancias en la Itaipu Binacional lo protagoniza la concursante Fátima Cecilia Ávalos Aguilera, con CI nº 5.240.597, quien aparece entre los finalistas sin siquiera alcanzar el puntaje mínimo establecido en los exámenes para el cargo “PSE 37/23 -10 Tesorero Junior”.
Fátima Cecilia “casualmente” es hermana de Carolina Ávalos Aguilera, Jefa de División de Imagen Institucional Itaipu, quien, a su vez, es íntima amiga de Fabián Domínguez, director financiero de la Binacional, quien sería el “padrino” del seguro ingreso de joven, según revelaron fuentes fidedignas a periodistas de La Clave.
Así las cosas, esta situación constituye otra enorme afrenta a los más de 9.500 inscriptos entusiasmados en competir en igualdad de condiciones, pero quienes se encuentran con este tipo de boicot, quedando por el camino, pese a estar mucho más calificados, para que la hermana de una cuestionada funcionaria y supuesta dueña de empresas de maletín, utilizadas como proveedoras dentro de la entidad, sea seleccionada y beneficiada con uno de los 220 cargos en disputa.
IRREGULARIDADES POR DOQUIER
Desde la convocatoria del concurso, hubo rumores sobre direccionamientos y amaño para beneficiar a la parentela de funcionarios actuales de la binacional, así como a políticos. Al menos una veintena de aspirantes que no alcanzaron los 70 puntos en el examen teórico del proceso selectivo fueron admitidos como finalistas del concurso y están a un paso de incorporarse a la nómina de la entidad o conseguir un importante ascenso salarial.
Ejemplo de esto son las ternas para las 2 vacantes al cargo de “técnico en proceso de planificación”, para las que se seleccionaron 6 finalistas, pese a que solo dos de ellos superaron el mínimo de 70 puntos exigidos. Llamativamente, al final de la lista figura José Manuel Cubilla, que obtuvo 44 puntos en el examen; en el quinto puesto, María Silva Maidana y en el cuarto María Paula Mora, ambas con 46 puntos, y en el tercer lugar Diego Virgilio Santacruz con una calificación de 62 puntos en el examen. Ninguno de los últimos 4 candidatos alcanzó el puntaje requerido en las condiciones de la competencia, sin embargo, quedaron como finalistas.
Esta rara admisión de postulantes sin los puntajes mínimos estipulados, sumada a las listas de finalistas en las que se observan varios “favoritos”, entre los cuales figura Fabricio Martín Coronel García, hijo del jefe de la defensoría general de la entidad, Francisco Javier Coronel, cuya dependencia está involucrada en el proceso de entrevistas a los aspirantes, tornan más que dudosa la metodología para cubrir las 220 vacancias en la binacional.
GREMIO DE ABOGADOS PRESENTÓ AMPARO
El gremio Auténticos Abogados del Paraguay (AAP) había presentado un amparo para suspender o anular el cuestionado concurso para 220 cargos en la binacional, sin embargo, el juez Martín Acosta denegó el pedido, por lo que los profesionales acudieron a la Cámara de Apelaciones, mientras otros afectados se suman para también gestionar medidas judiciales que frenen la mañosa competencia.
Los abogados presentaron el amparo para que un juez competente ordene la anulación del cuestionado concurso de contratación de personal de la Itaipu Binacional por implicar una violación del derecho al trabajo amparado en la Constitución Nacional. Sin embargo, esta solicitud había sido rechazada por, supuestamente, no haberse justificado la personería jurídica del gremio, hecho refutado por los recurrentes que intentan dar curso mediante una apelación.
