Si bien la semana pasada se hicieron algunos cambios en la estructura de la Policía Nacional, a nivel departamental, queda claro que el problema de la terrible ola de inseguridad que enfrentamos, no desaparecerá “por arte de magia” y demandará mucho más que simples traslados y movidas, para hallar soluciones efectivas.
Por ejemplo, las estadísticas apuntan que el Ministerio Público recibió 219 denuncias diarias por hechos de robo y hurto en los primeros meses del 2023. Esto significa nueve denuncias por hora, o que cada 6,5 minutos un paraguayo o una paraguaya es víctima de la inseguridad. De enero a marzo, la Fiscalía registró un total de 20.227 denuncias, de las cuales, 19.747 fueron por hurto y robo, agravado y simple, mientras que las restantes 480 han sido por homicidio culposo y doloso.
Según los datos del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, tenemos un promedio de 5,9 denuncias por hora y en el 2022 fueron denunciados un total de 34.231 hechos de inseguridad. Estos datos, no obstante, no están completos, pues se debe considerar que en numerosas ocasiones las víctimas de la inseguridad ni siquiera realizan la denuncia debido a la desconfianza en las autoridades por el descrédito de estas.
A diario los noticieros de televisión y las páginas de los diarios exponen la actual situación de indefensión en la que se encuentra la ciudadanía. Los casos de robos, ataques de motochorros y otros más ocupan grandes titulares, pero cada día son reemplazados por casos nuevos y, lo peor, cada vez más violentos. Un día una joven madre que carga a su bebé en brazos es asaltada por motochorros; otro día, un trabajador es asesinado de dos balazos cuando le roban la moto en la que se dirigía al trabajo. Hay barrios enteros que son presa de ola de robos y asaltos que se producen en el vecindario; familias que fueron tomadas como rehenes por los maleantes que ingresaron a sus viviendas para robar y hasta un grupo de niños que jugaban en la vereda fueron atacados por asaltantes.
La población altoparanaense vive este tipo de situaciones a diario e impotentes ante la insensibilidad e incompetencia de las autoridades. No es admisible que la gente deba vivir con miedo de caminar por las calles, de esperar el transporte público al salir del trabajo, ya que los trabajadores son el blanco preferido de los delincuentes.
Frente a este escenario es urgente que las autoridades consideren tomar medidas. Las recientes expresiones del ministro del Interior, Federico González, respecto del aumento de crímenes y delitos, particularmente cometidos por jóvenes o menores de edad, y que esta condición se debe a que los jóvenes dejaron de cumplir en su mayoría el servicio militar obligatorio son inconsistentes.
Es importante que las autoridades tomen en consideración los datos respecto a la situación de delincuencia, y la vinculación con el tema drogas. Los adictos que se vuelven ladrones, entran a robar en los hogares, roban en la calle o en los buses forman parte de un problema que es mucho más complejo y que no se resolverá con el cuartel. Mientras tanto, harían bien las autoridades en basarse en datos para diseñar las tan necesarias políticas públicas que ofrezcan respuestas ante la situación de inseguridad y violencia que resta calidad de vida a la población.
