La Universidad Nordeste del Paraguay (UNDP) estaría a punto de habilitar la carrera de Medicina en la filial de Santa Rita, sin ajustarse a las exigencias del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Según los datos, la institución recurrió a un amparo judicial para instalarse en el municipio santarriteño.
Acorde a las denuncias, la UNPD no cuenta con la estructura edilicia adecuada para ofrecer educación de excelencia, principalmente, en el área de la salud. Esta manera de forzar el sistema de educación es utilizada a menudo por los empresarios que lucran ofreciendo carreras universitarias, sin importarles la calidad profesional al lanzarlos en el mercado. En tanto, desde el Cones señalan que los alumnos que se inscriben en universidades no habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior, corren el riesgo de que su carrera carezca de validez, tal como ya había ocurrido con la Universidad María Serrana de Ciudad del Este.
Hace años que se ha venido alertando acerca de la visible degradación del mercado de carreras universitarias en el país, cuando los propios legisladores, en una maniobra tendiente a evitar los controles de calidad, crearon nuevas leyes que les quitaron atribuciones al Ministerio de Educación y al Consejo de Universidades, sobre todo con la Ley 2529/04, que modificó la Ley 136/93 de Universidades, facultando que sea el Congreso Nacional el que directamente apruebe por ley la creación de nuevas universidades. Llamativamente, el Poder Ejecutivo no se opuso en su momento a esta situación y también promulgó la ley.
Con estos nuevos instrumentos legales, el país se llenó de universidades privadas que en su mayor parte solo tenían como principal objetivo el lucro, instalándose en locales con pésima infraestructura, que en muchos casos eran solo salones, tinglados o garajes, habilitando carreras que no tenían el equipamiento adecuado para una buena formación de los alumnos, con profesores sin la capacitación adecuada, sin exigir la carga horaria mínima de asistencia a clases, y que a veces directamente vendían los títulos académicos sin que siquiera haya existido escolaridad, como lo han demostrado algunas investigaciones periodísticas.
Tuvo que pasar una década para que se apruebe la Ley 4995/13, de Educación Superior, que impuso nuevas reglas de mayor control por parte del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), pero ya gran parte del daño estaba hecho. Y el resultado es que miles de jóvenes resultaron estafados, muchos otros corren el mismo riesgo, ante la informalidad en la educación terciaria.
Tal como se desarrolla lo que pretende ser un proceso de depuración de las universidades carentes de solvencia académica, la limpieza durará décadas enteras y numerosos estudiantes seguirán haciendo manifestaciones en reclamo de los títulos que no se les entregan porque sus carreras nunca fueron habilitadas. Así como en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), los alumnos se rebelaron y dieron pie a un tímido esfuerzo de cambio, los de las universidades de gestión privada también tendrían que levantar su activa voz de protesta para reclamar el cese de la mentira que sufren.
