Pese a los fuertes cuestionamientos y la existencia incluso de una denuncia penal por desacato, el cuestionado jefe del Dpto. de Asesoría Jurídica de la Dirección de Policía del Alto Paraná, suboficial Osmar González, se mantiene en el cargo. Si bien la semana pasada hubo movidas que afectaron hasta el propio director de Policía, Crio. Gral. Insp. Osvaldo Alejandro Ávalos, la cúpula policial una vez más decidió “perdonar” a González, quien hace años se mantiene en el puesto, en donde estaría encabezando un nefasto esquema de recaudación con las órdenes judiciales de desalojo, que solo se ejecutan cuando los afectados pagan elevadas sumas a los uniformados, para que estos cumplan con su trabajo.
Recientemente, el director de Policía de Alto Paraná, Crio. Gral. Insp. Osvaldo Alejandro Ávalos (destituido del cargo la semana pasada), y el jefe del Dpto. de Asesoría Jurídica de la Dirección de Policía, suboficial superior Osmar González, fueron denunciados penalmente por desacato, ante fuertes versiones de que ambos uniformados incumplen deliberadamente los mandamientos judiciales de desalojo para poder cobrar jugosas coimas a los afectados, quienes, para recuperar sus inmuebles o bienes, deben pagar elevadas sumas a los jefes policiales, que es un secreto a voces en el décimo departamento.
Uno de los casos emblemáticos que generó la denuncia por desacato contra los jefes policiales tuvo su origen el 16 de junio del 2022, cuando los abogados de una persona, cuyo terreno fue invadido, presentaron en mesa de entrada de la Dirección de Policía el mandamiento de desalojo de un terreno de 360 metros cuadrados que está ubicado en el barrio Che La Reina de la capital departamental, firmado por el juez civil de primera instancia, Mario Aguayo, en los autos caratulados “Pablo Aquino c/ Aldo Florentín Barúa s/reivindicación de inmueble”.
Pasó más de un año y los uniformados de Asesoría Jurídica nunca dieron trámite a la orden judicial que está firme en primera y segunda instancias. El abogado del caso acudió en reiteradas ocasiones a la oficina, incluso, ya cumplió con las directrices de los encargados de la oficina de Asesoría Jurídica, pero tampoco logró el cumplimiento del mandamiento. Las excusas para no cumplir la orden, que inclusive fueron remitidas al juez interviniente, Mario Aguayo, eran traídas de los pelos, como por ejemplo “que el oficial de justicia no puso fecha” al desalojo, argumento considerado ridículo, llevando en cuenta que es la Policía la que comunica cuándo tiene suficientes recursos humanos y tiempo para disponer el desahucio.
También alegaron supuesta alta peligrosidad existente en dicha zona, otra falacia, ya que con un contingente policial preparado y suficiente en número, los manifestantes no se atreverían a enfrentarse, ya que sus cabecillas podrían ser detenidos y procesados por resistencia, perturbación de la paz pública, invasión de inmueble ajeno, entre otros. A finales del mes pasado se procedió a realizar un intento de desalojo en dicha zona, existiendo enfrentamiento con manifestantes, quienes estaban perfectamente informados de lo que sucedería, sospechándose que desde la propia Policía se “filtró” la operación, a fin de dejar un precedente y así conformar la versión policial es una zona “conflictiva”.
Lo que queda en evidencia con todo esto es que las denuncias, que apuntan contra el asesor jurídico de la Policía, Osmar González, quien se aferra al cargo y parece ser un “intocable” por sus buenas conexiones con el ministro del Interior, Federico González y el comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas Colmán, son ciertas. Las mismas indican que González tiene al menos unas 50 órdenes de desalojo “encajonadas” y recién cuando los afectados acceden a pagar altas sumas, la Policía se digna en hacer cumplir los mandamientos judiciales.
Atendiendo esta lamentable realidad, los abogados Cristian Amarilla y Reinaldo Lugo habían presentado ante el Ministerio Público de Ciudad del Este una denuncia penal por desacato a una orden judicial, en contra de Osmar González, quien podría ser imputado próximamente, con lo cual se acabaría la “protección policial” de la que goza y finalmente podría ser destituido del cargo, que hace tantos años viene desempeñando de manera ineficaz y venal.
El Departamento de Asesoría Jurídica de la Policía fuera creado para ofrecer asistencia legal a los agentes que tienen problemas judiciales, cosas que González jamás cumplió, al decir de sus propios camaradas de la Dirección de Policía del Alto Paraná.
