Un grupo de estafadores que cuentan con un proceso penal por estafa, apropiación y lesión de confianza en la Fiscalía y juzgado de Santa Rita están intentando hackear por tercera vez la página del diario La Clave, con el objeto de hacer desaparecer una información que fue publicada en el 2019, momento en que fueron imputados por el extinto exfiscal Hugo Vázquez. Según informaciones, los responsables de este hecho serían los mismos implicados en la millonaria estafa.
Los procesados son seis y están liderados por el considerado “Rey de las estafas”, Jaime Aloisio Hammes. Además están imputados Alex Junior Hammes, Rodrigo Manuel Bogado Orué, Guillermo Antonio González Méndez, Gerardo José Martínez Páez, Hernando Gregorio Cino, quienes en su momento dirigían la empresa denominada Agrícola Colonial y sus subsidiarias Tupi S.A. y Potensa, según el expediente.
Según el historial de este caso, los presuntos estafadores firmaban contratos con sus víctimas para financiar sus cultivos proveyendoles los insumos y lógicamente, les hacían firmar pagarés. Sin embargo, los mismos pagaban la deuda pero los directivos de Agrícola Colonial no les devolvía los pagarés que posteriormente entregaban a terceros para ejecutar y así cobrar doblemente la deuda a sus víctimas que no tuvieron de otra que denunciar el hecho ante la justicia.
INCONSTITUCIONALIDAD
El 1 de noviembre de 2019, los procesados presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para evitar que avanzara el proceso y la causa sea elevada a juicio oral y público. Pero lo que estarían buscando es enfriar y que se extinga la causa, sin tener en cuenta que los plazos no corren mientras los miembros de la Corte no se pronuncien al respecto.
EL CASO
El exfiscal de Santa Rita, Hugo Vázquez, imputó al bautizado “Rey de las estafas”, Jaime Aloisio Hammes, y a otras seis personas más por estafa, apropiación y lesión de confianza, tras denuncias presentadas por varios colonos que, supuestamente, fueron víctimas de ingentes daños patrimoniales de parte de los procesados, que serían directivos de la empresa Agrícola Colonial. Hammes declaró ayer ante el juez Bernardo Silva, quien le concedió la eximición de la orden de detención para responder el proceso en libertad.
La denuncia fue presentada por los abogados Lourdes Cantero Wolf, Lilian Beatriz Machado y Aldo Insfrán, en representación de la Asociación de Colonos de Santa Rita, ante el fiscal Hugo Vázquez, quien, conforme a los elementos de pruebas que darían sustento a la denuncia, que inducen a creer que comprometerían en grado de sospecha la responsabilidad de los denunciados y que habrían cometidos varios hechos punibles, imputó a Jaime Aloisio Hammes, Ernani Sidnei Hammes, Alex Junior Hammes Niedermeier, Rodrigo Manuel Bogado Orué, Guillermo Antonio González Méndez, Gerardo José Martínez Paéz y Hernando Gregorio Cino. Todos ellos, en su momento, dirigían la empresa denominada Agrícola Colonial y sus subsidiarias, Tupí SA y Potensa. El proceso abierto contra estas personas es por los cargos de apropiación (Art. 160 del C.P), estafa (Art. 187 C.P) y lesión de confianza (Art. 192 C.P).
MODUS OPERANDI
Los denunciantes alegaron que fueron embaucados por los directores de la mencionada empresa, con quienes acordaron mantener una relación comercial, atendiendo a que Agrícola Colonial les financiaba sus cosechas, proporcionándoles insumos agrícolas, haciéndoles firmar pagarés a cambio de abonar sus deudas con los granos producidos. Sin embargo, los agricultores, supuestamente, fueron engañados en su buena fe: pagaron a los acreedores, pero los ahora imputados, recurriendo a artimañas, no les devolvían los pagarés y luego estos documentos fueron negociados con terceros, incluso, con bancos que, últimamente, solicitaron ante los estrados judiciales su ejecución. A raíz de todo esto, varios de los colonos ya perdieron hasta sus fincas, manifestaron en su momento los afectados.
Esta denuncia fue presentada ante la Fiscalía por un grupo de productores de Santa Rita, pero existirían cientos de víctimas de esta organización que habría estafado a numerosos agricultores de otras zonas del país, cuyo monto sobrepasa los USD 150 millones, conforme habían informado algunos de los afectados ante la Junta Departamental del Alto Paraná, donde habían recurrido en busca de acompañamiento de los concejales.
