Hace décadas, en el mundo comenzó el proceso de globalización económica, y la apertura de fronteras y mercados permitió que los capitales productivos se esparcieran por Estados con visión política e inteligencia para recibirlos y aprovecharlos. En tanto, nuestro país demostró su completa ineptitud para integrarse a esa ola de desarrollo y prosperidad que impulsó tan dinámicamente a muchísimos pueblos, que entonces eran atrasados, o subdesarrollados como nosotros, y que hoy constituyen potencias económicas, tecnológicas y culturales.
¿Por qué quedamos afuera del gran salto adelante del mundo en desarrollo? Entre varias causas, una de las más determinantes fue la corrupción, que se fortaleció notablemente durante la dictadura. Iniciado el período de transición democrática, en este aspecto las cosas no cambiaron nada en nuestro país. Los funcionarios coimeros continuaron oponiendo un obstáculo casi insuperable para la inversión extranjera, lo que redundaba en atraso, pobreza, ignorancia e inseguridad, males cuyos grandes efectos estamos sintiendo en carne propia, con toda violencia, recién ahora.
Los cargos y puestos públicos que son la clave para el desarrollo del país, los de Hacienda, Obras Públicas, Industria y Comercio, ANDE, Petropar, IBR-Indert y algunos más, fueron puestos en manos de personas inmorales o ineptas, en la mayoría de los casos de personas con ambos defectos.
Estos políticos venales, individuos deshonestos, perversos e inescrupulosos, fueron los que, con su conducta codiciosa y antipatriótica, ahuyentaron a innumerables inversores extranjeros y desalentaron a capitalistas locales, desbarataron las mejores iniciativas de economía productiva, sepultando brillantes proyectos de desarrollo y mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de nuestra población.
Esta categoría de políticos paraguayos, traidores a su patria y a sus conciudadanos, pilares sustentadores del compacto sistema de corrupción que aún domina de una u otra forma en este país, tienen que ser expulsados para siempre del ámbito de la administración pública. Ojalá fueran juzgados, condenados y recluidos en la cárcel, para escarmiento propio y ejemplo público, pero como hasta ahora esto es políticamente imposible que ocurra, al menos que sean alejados de por vida de todo asunto en el que esté comprometido el interés general.
El presidente electo, Santiago Peña, conoce tan bien a estas personas como las conocemos todos. No podrá, por tanto, alegar que fue sorprendido por alguno de estos sinvergüenzas si es que lo incluye entre sus colaboradores, como el caso del exdiputado Justo Zacarías, a quien a toda costa quieren colocarlo como director general paraguayo en la Itaipu Binacional. Peña deberá cuidarse mucho, poniendo la máxima precaución, en el momento de elegir a quienes van a integrar su gabinete, en particular en lo tocante a funciones que tienen que ver con la administración de los intereses económicos que comprometen el futuro del país y que pueden dejarlo malparado, nada más al inicio de su mandato constitucional.
