Los conflictos en el sector donde se supone estaría ubicada la famosa finca 66 es constante y se arrastra desde hace décadas. Un dolor de cabeza para los tenedores de títulos y los que alegan que se trata de un inmueble municipal a partir de la ley 35/90 que expropia estas tierras sin establecer sus límites. En todo este tiempo, políticos de todos los colores utilizaron esta ley para impulsar ocupaciones, sin resolver la cuestión de fondo.
El concejal Sebastián Martínez (YoCreo) lamentó que en todo este tiempo se utilizó esta ley para obtener algún tipo de rédito político. “Desde los años 90 hasta hoy la gente fue invitada por sectores políticos, directores municipales, concejales, por cualquier autoridad del partido que sea y movimientos que haya a ocuparla”.
Esa ocupación se daba con el argumento de que esa zona sería municipal y que sería aprobada para que se pueda vivir allí, que paguen el arrendamiento, luego la adjudicación y finalmente el título. “Entonces, la gente fue ocupando. El poder político les fue llevando hacía allí, pero los políticos nunca se encargaron de finiquitar el proceso y poner fin al conflicto para otorgarles la propiedad, que es algo que finalmente es un derecho, si bien el proceso no se siguió como se debería”.
Recordó que la ley 35 data de los años 90 y habla de la expropiación de la finca 66, que abarca más o menos el 35% de la superficie de la ciudad, a favor del municipio. “Esa es la finca madre, de la época de la colonia, que pasó a ser propiedad municipal, pero nunca se hizo la mensura sobre esa zona para determinar dónde se inicia y dónde termina”.
El concejal acotó que una vez que se expropió la zona, empezó a ser ocupada por muchas personas. “La gente fue trasladándose e instalándose dentro de la finca 66 y se inició un proceso de ocupación de tierras que serían municipales”.
Esta situación abrió el conflicto con personas que tenían títulos sobre esas tierras. Recordó que en los años 90 muchas personas documentaron esos inmuebles. “También hubo gente que no las tituló y quedaron sin inscribir dentro del registro público. Toda esta situación generó un caos documental”.
Recordó que la actual ordenanza municipal establece que las fincas municipales pertenecen a quienes las ocupan. A partir de esta legislación la gente se creyó con derecho a ocupar las tierras y hasta hoy no se finiquita el proceso.
MENSURA
En este contexto, afirmó que actualmente la Municipalidad se encuentra en el proceso final de la mensura judicial. “Un trabajo que se inició más o menos a mediados del 2020 y se está aguardando sentencia judicial porque no es un proceso municipal. La mensura es un proceso del Poder Judicial que debe concluir con una sentencia de un juez”.
El edil insiste que se necesita regularizar las tierras actualmente en conflicto y que esa es una postura institucional, como Junta Municipal y como Intendencia Municipal. “La gente que tenga títulos de propiedad de sus tierras, que tenga la seguridad jurídica de dormir en casa propia y no en casa ajena y que también le corresponda tributar al municipio”.
La zona de conflicto se extiende desde el km 3,5 hasta el km 7 y de allí hacia el norte hasta el río Acaray. El proceso de regularización se inició para poder poner punto final el conflicto y para ello es la mensura judicial, cuya sentencia ahora se espera.
