Hace años, la corrupción es el peor cáncer que corroe los cimientos de nuestra República. Hoy tenemos un nuevo Congreso y en breve, un nuevo presidente de la República. Pero la Justicia, la que debía ser la gran jueza neutral, justa, eficaz y principal verdugo de los culpables, después de la caída de la dictadura, en más de 30 años se convirtió en la defensora principal de los corruptos y terror del ciudadano común sin dinero ni contactos, que cae en la desgracia de quedar entrampado en la maraña de un pleito judicial.
Según informes de Competitividad del Foro Económico Mundial, la Justicia paraguaya está ubicada entre los últimos lugares de independencia judicial. Está en el puesto 132 de 138 países, ganándole por escasos puntos a Burundi, uno de los más pobres del mundo, golpeado por guerras civiles, y Venezuela, donde impera una cruel dictadura.
Si la corrupción persiste a tan gran escala en el país, es porque los jueces no cumplen con su obligación de proteger a la sociedad de los facinerosos. Desde luego, tampoco la Contraloría General de la República y el Ministerio Público cumplen a cabalidad con sus cometidos, pero está visto que el propio Poder Judicial falla rotundamente a la hora de combatir la corrupción. A lo largo de estos años, el Consejo de la Magistratura no ha servido para filtrar a los sinvergüenzas en el proceso de selección de los postulantes, y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no ha servido para apartarlos del cargo que ensucian. Hay quienes deberían ocupar una celda y no un despacho judicial. Se diría que en este país ningún juez ha cometido nunca el delito de prevaricato, ya que nadie ha ido a parar en la cárcel por haber vendido una sentencia. A lo sumo, alguno ha sido enviado a su casa para disfrutar de las rentas generadas por el dinero mal habido. Bien se sabe que el narcotráfico –tan ligado a la corrupción– es una notable fuente de ingresos para quienes deben impartir justicia.
Este país ya no puede soportar que la Corte Suprema de Justicia esté integrada por ministros que, entre otras cosas, practican el nepotismo y carecen de honorabilidad por haber mentido ante el Senado y todo el país. No tenemos un Poder Judicial respetable y nos merecemos uno que conceda a cada quien lo suyo. Lo que a los corruptos les corresponde es la pena prevista en la ley, aplicada por un magistrado probo. Urge una depuración a fondo de la magistratura para expulsar a los indolentes, los timoratos y los corruptos.
Las manifestaciones civiles, en el caso de los universitarios, de los estudiantes de secundaria y el pueblo en general, en contra de diversos abusos cometidos por nuestras autoridades, dieron un admirable ejemplo de lo que se puede hacer, pacíficamente, cuando fracasan todas las instancias de control, y a este paso no tardará para que la ciudadanía también exprese su inquietud y exija, mediante manifestaciones públicas, que fiscales, jueces y magistrados cumplan con su deber o vayan a sus casas.
