Luego de obtener elementos oficiales de instituciones del Estado, la fiscal Carolina Rosa Gadea dispuso el inicio del procedimiento penal contra una escribana sindicada de producir documentos no auténticos para favorecer a un presunto comprador de la mala fe, quien igualmente se encuentra imputado. Puso en riesgo una propiedad de 1.599 hectáreas en el distrito de Ñacunday.
Está identificada como Rosa María Lugo de Esteche, de 75 años, con domicilio en el barrio Santa Librada, y Jorge Almada, mayor de edad, afincado en el edificio Corpus de esta capital departamental. Ambos estarían implicados de manera directa en los hechos investigados, en razón a una denuncia formulada por Paulo Ferreira, a cuyo nombre está individualizado el predio en el registro general de la propiedad. Le habían notificado un proceso civil en el juzgado del 5º turno, en la Sexta Circunscripción, donde fue utilizado el documento para enajenarla.
Según el documento librado por la escribana imputada, en setiembre de 1996, Ferreira había comercializado sus tierras a favor de Almada, pero tal transacción nunca existió, conforme los elementos probatorios colectados en la incipiente investigación.
DEMOSTRADA EN PROCESO
En el desarrollo del proceso civil, Ferreira logró demostrar la compra de las tierras pertenecientes entonces a Khaled Mohamad Rahal, según los registros públicos, anotadas como finca número 2.382, con 1.599 hectáreas en el distrito mencionado, mediante escritura pública nº 20, pasada por ante la escribana Lugo de Esteche, sin volver a negociarlas. Es decir, el documento producido por la escribana a favor de Jorge Almada no tiene visos legales ante la justicia y la presunta transacción quedó inválida.
El contrato privado de compra-venta producido por Lugo de Esteche fue calificado de no auténtico con responsabilidad exclusiva de la depositaria de la fe pública, en complicidad con Almada, quien fue apuntado como beneficiario final de la extensa propiedad registrada formalmente a nombre del propietario real. Este, incluso, utilizó el documento apócrifo para volver a vender la propiedad, haciéndose igualmente de un patrimonio que no le pertenece.
A CARGO DEL JUEZ
La fiscal Gadea realizó un extenso escrito fundamentando su decisión de abrirles proceso penal a los dos principales protagonistas del hecho, cuya tipicidad hasta podría ser ampliada, de surgir mayores elementos que los apunten como autores de otras calificaciones previstas en la norma vigente. El juez deberá llamar a los encausados para la imposición de las medidas que considere pertinentes para responder a la causa penal.
