Una nota absurda y descabellada, tratando de justificar la ineptitud y falta de interés policial, presentó el Departamento de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional al juez Mario Aguayo, pretendiendo justificar así la falta de cumplimiento de mandamientos de desalojo, que se “amontonan” en Asesoría Jurídica de la Dirección de Policía del Alto Paraná. En la nota, los uniformados pretenden culpar al oficial de justicia por la falta de cumplimiento de la orden judicial, indicando que éste “debe estipular la fecha del desahucio”, algo inaudito, ya que en todos los desalojos es la Policía la que establece la fecha de realización, llevando en cuenta la disponibilidad de recursos humanos, logística y tiempo. Así también pretenden instalar que la zona del procedimiento es “de alta peligrosidad”, otra falacia con la que buscan justificar su criminal inacción, que hizo que el director de Policía y el asesor jurídico hayan sido denunciados penalmente por desacato.
En una nota dirigida al juez de primera instancia en lo civil y comercial del segundo turno, Mario Aguayo, responsables del Departamento de Seguridad Ciudadana intentan justificar su inacción en el marco de una causa (mandamiento de desahucio), que debió haber sido cumplido hace más de un año, sin embargo, “duerme” en los cajones del Departamento de Asesoría Jurídica de la Dirección de Policía del Alto Paraná.
De acuerdo con los datos, el 16 de junio del 2022, los abogados de una persona, cuyo terreno fue invadido, presentaron en mesa de entrada de la Dirección de Policía el mandamiento de desalojo de un terreno de 360 metros cuadrados que está ubicado en el barrio Che La Reina de la capital departamental, firmado por el juez civil de primera instancia, Mario Aguayo, en los autos caratulados “Pablo Aquino c/ Aldo Florentín Barúa s/reivindicación de inmueble”.
Sin embargo, ya pasó más de un año y hasta la fecha los uniformados de esta división policial ni siquiera le dieron trámite a la orden judicial que está firme en primera y segunda instancias. El abogado del caso ya ha acudido en reiteradas ocasiones a la oficina, incluso, ya cumplió con las directrices de los encargados de la oficina de Asesoría Jurídica y solicitó al propio director de Policía, Com. Gral. Insp. Osvaldo Ávalos, el acompañamiento policial, pero tampoco logró el cumplimiento del mandamiento.
En su nota de “justificación”, los uniformados llegan al colmo de lo absurdo de culpar al oficial de justicia por la no realización del desalojo, indicando que “es el oficial de justicia el que debe fijar la fecha en que se realice el desahucio”, una falacia total, ya que en todos los casos, es la Policía la que fija la fecha, pues es la que maneja sus propios recursos humanos y de logística para tales menesteres. Así también en la nota policial alegan que la zona donde se practicará el desalojo es “de alta peligrosidad y belicosidad”, hablando de que hay un grupo de 300 personas violentas, con mujeres y niños, insinuando por poco que se podría convertir en una nueva “masacre de Curuguaty”, si se llega a hacer el desalojo, en un argumento que hasta da risas, por lo absurdo de la cuestión.
Lo que sí queda en evidencia con todo esto es que las denuncias, que apuntan contra el asesor jurídico de la Policía, Osmar González, quien se aferra al cargo y parece ser un “intocable” por sus buenas conexiones con el ministro del Interior, Federico González, y el comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas Colmán, son ciertas. Las mismas indican que González tiene al menos unas 50 órdenes de desalojo “encajonadas” y recién cuando los afectados acceden a pagar altas sumas, la Policía se digna en hacer cumplir los mandamientos judiciales.
Atendiendo esta lamentable realidad, los abogados Cristian Amarilla y Reinaldo Lugo habían presentado días pasados ante el Ministerio Público de Ciudad del Este una denuncia penal por desacato a una orden judicial, en contra del director de Policía, Crio. Gral. Osvaldo Alejandro Ávalos y el cuestionado jefe del Departamento de Asesoría Jurídica, suboficial Osmar González.
Así las cosas, el juzgado interviniente debe remitir los informes que evidencian la negligente actitud de los jefes policiales al Ministerio Público para la consecuente imputación por desacato, tanto del director de Policía del Alto Paraná como del asesor jurídico González, quien se habría convertido en un verdadero “potentado”, gracias al millonario “negocio” de las órdenes de desalojo, que solo son cumplidas con buenas propinas de por medio, según lo indicado por las fuentes a las que tuvo acceso La Clave.
