Tras un exhorto remitido desde Argentina, un juzgado decretó la detención de tres libaneses que residirían en Ciudad del Este y la zona de la triple frontera. Se trata de Hussein Mounir Mouzannar, Ali Hussein Abdallah y Farouk Abdul Hay Omairi, quienes incluso tienen cédulas paraguayas y estarían ocultos en esta región. Gracias al enorme poder adquisitivo de los acusados, que fungen de “empresarios”, los mismos están en condiciones de “comprar” protección policial, judicial y política, indicaron informantes que aseguran que los acusados se encuentran operando por la zona de CDE y no temen su captura, asegurando que tienen “comprados” a los organismos de seguridad paraguayos.
La jueza penal de garantías Alicia Pedrozo decretó ayer la detención con fines de extradición de tres libaneses sospechados del ataque terrorista de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994, por el cual eran buscados por las autoridades argentinas.
Se trata de los ciudadanos Hussein Mounir Mouzannar, Ali Hussein Abdallah y Farouk Abdul Hay Omairi, quienes incluso tienen cédulas paraguayas y estarían en territorio nacional, más específicamente en la capital departamental, en donde tienen grandes empresas, inmuebles por valor millones y otros negocios.
La magistrada emitió la resolución luego de que el juez federal Daniel Eduardo Rafecas solicitara la captura internacional con fines de extradición de los libaneses implicados. Además de los tres que ahora tienen orden de detención en Paraguay, el cuarto que también está siendo buscado en la Argentina está identificado como Abdallah Salman.
Los cuatro sospechosos tuvieron presencia en Brasil y Paraguay en la época del atentado y su papel central fue que supuestamente ayudaron a Salman Raouf Salman –considerado el organizador del ataque– a conseguir un documento de identidad paraguayo.
El fiscal de la Unidad AMIA, Sebastián Basso, sostiene que los cuatro formaban parte de la organización libanesa pro-iraní, Hezbollah, y que por ese motivo asistieron a Salman consiguiéndole una dirección, un certificado de empleo y una agencia de turismo que le facilitó los trámites de ciudadanía, lo que luego permitió que tuviera una identidad falsa y se moviera sin problemas para organizar el atentado.
El atentado terrorista contra la sede en Buenos Aires de la AMIA, en el vecino país, se registró 18 de julio de 1994, dejando 85 personas asesinadas y 300 heridas e incluso es considerado el mayor ataque de la historia argentina.
SEPRELAD COMUNICÓ QUE BIENES ESTÁN CONGELADOS
Previo a la orden de detención de los acusados, la SEPRELAD había informado sobre la inmovilización de bienes, fondos y activos de los cuatro mencionados, decisión tomada por el Consejo Nacional de Inteligencia. Esto en respuesta a la solicitud del juez argentino quien había agregado la petición de congelar activos que los libaneses tienen en nuestro país y que, según datos proveídos a los medios, suman cifras multimillonarias.
El más conocido de los que hoy tienen orden de captura en Argentina y nuestro país es el libanés Hussein Mounir Mouzannar, quien hace años gozaría de alta protección policial, judicial e incluso política. Muestra de ello es la facilidad con la que el mismo obtuvo documentación paraguaya y se resaltan sus buenos contactos con el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. Según el jefe de INTERPOL en Paraguay, César Duré, Mouzannar ya no estaría en el país, pero esa versión es poco creíble, llevando en cuenta que todos los bienes de Mounir están en Paraguay, específicamente Ciudad del Este.
Algunas de sus empresas son “Agroganadera Santa Felicidad S.A.”, “Tendrex S.A.”, “Brands For Less”, además de ser propietario de edificios en Ciudad del Este y Asunción, establecimientos de producción agrícola, como el de Santa Fe del Paraná, y una tienda de venta de artículos electrónicos en la galería Jebai Center. Hay serias dudas de que las autoridades policiales paraguayas logren dar con el paradero de los mencionados y cumplir la disposición de la jueza Pedrozo, llevando en cuenta que los mismos pagan elevados montos a cambio de protección.
