Un reciente estudio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN) reveló que no hay garantías de que las aguas que llegan a los hogares de Presidente Franco sea 100% permitido para el consumo humano, porque no dispone de elementos desinfectantes, como el cloro y otros químicos. El análisis de la ERSSAN reveló que solo el 20% de las aguateras privadas y comunitarias del municipio utilizan cloro para la desinfección del vital líquido y las demás no cumplen ni mínimamente con este requisito.
Se estima que solo el 24% de la población de la capital del Alto Paraná tiene acceso al agua potable que suministra ESSAP y la Itaipu Binacional. Eso representa a unas 80.000 personas, del total de 400.000 que viven en el municipio esteño.
El agua potable es vital para nuestra salud, por lo que su adecuado tratamiento es también fundamental para su consumo. En un informe del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan) se dio a conocer que casi 1.500.000 personas de la población que tiene acceso a agua corriente la reciben sin procesamiento sanitario apropiado. También se deduce que cerca de 900.000 personas ni siquiera la obtienen por este sistema, sino que lo harían de pozos, arroyos y ríos.
En las áreas rurales, en especial en las compañías y los asentamientos, el acceso al agua potable sigue siendo toda una travesía, habida cuenta de que el Estado no llega a esos lugares lejanos y que los pobladores deben vérselas con sus propios medios para proveerse de pozos u otras fuentes como los arroyos y ríos. En muchos casos, ante la situación, deben hervirla para purificarla.
La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció en el 2010 el derecho humano al abastecimiento de agua y al saneamiento y que todas las personas tienen derecho a disponer de agua suficiente, salubre y asequible para uso personal y doméstico. Según la ONU, el agua no potable y el saneamiento deficiente son las principales causas de mortalidad infantil. La diarrea infantil –asociada a la escasez de agua, saneamientos inadecuados, aguas contaminadas con agentes patógenos de enfermedades infecciosas y falta de higiene– causa la muerte en el mundo de miles de niños al año. La mayoría de ellos menores de cinco años en países en desarrollo.
En el Alto Paraná hay una cobertura del 54,6%. No deja de llamar la atención que aquí se tenga una cobertura de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) de tan solo el 30%. Parte del déficit es cubierto por las aguateras; sin embargo, en gran medida los barrios esteños se manejan con pozos artesianos. Presidente Franco, Hernandarias y Minga Guazú, igualmente, se encuentran en una tremenda precariedad en cuanto al acceso de este servicio básico.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, es menester que el Gobierno Nacional, por medio de los entes correspondientes, llegue a más beneficiarios con el vital líquido saludable, considerando que es un derecho humano básico al que necesitan acceder pobladores de todos los niveles sociales. Más inversión en infraestructura posibilitará que ese objetivo pueda ser desarrollado, asimismo, en comunidades muy pobres y muchas veces olvidadas por los gobernantes de turno. El acceso al agua potable es sinónimo de mejoramiento de la calidad de vida que debe ser acompañado y facilitado por el Estado.
Recordemos que en mayo pasado se promulgó la autorización de un préstamo de USD 115 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y más de USD 183 de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, para dotar de agua potable a CDE y Pdte. Franco, en una primera fase, y luego a Minga Guazú y Hernandarias. esperemos que este proyecto pueda ser una realidad en el gobierno que se viene, porque resulta lamentable que gran parte de la población siga sin acceso al agua potable.
