En estos días de intenso frío, humedad y lluvia, el abandono en el que sobreviven a duras penas muchos indígenas paraguayos se expresa de manera aún más rotunda y dramática. Niños harapientos, descalzos y desprotegidos, pidiendo monedas a los automovilistas, constituyen una realidad lacerante, que no tiene justificativa ni perdón de parte de los responsables.
Pero no constituye novedad que a lo largo de la historia, el Estado se ha desentendido de la problemática de los nativos y los ha dejado librados a su desgracia. Las instituciones –a las que atañe dar respuestas– deben dejar de lado su desidia y atender los reclamos cuanto antes.
En el Paraguay, la mayor parte de las etnias originarias de esta parte de América sobreviven en condiciones infrahumanas. Se estima que 3 de cada 4, es decir, el 75%, se encuentran en situación de pobreza. Y que al menos la mitad de ese porcentaje está en la miseria.
Los reclamos son los de siempre; aseguramiento de sus tierras ancestrales, salud, educación, infraestructura vial y seguridad para desarrollar en paz su propia cultura, sin atropellos ni agresiones de la sociedad envolvente.
El Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), directo responsable de la atención del sector, es una institución incapaz de dar respuestas satisfactorias a los 120.000 indígenas que pueblan aún el país. Esa institución carece de poder económico para solventar las necesidades indígenas. Tampoco cuenta con fuerza política para torcer el curso de los hechos que azotan permanentemente a las comunidades de pueblos originarios.
La falta de recursos del Indi refleja la actitud de los políticos con respecto a los indígenas: son para ellos una pesada carga de la que, si hubieran podido, querrían desprenderse. La escasa asignación de fondos, la ausencia de políticas públicas en materia de salud, educación, tierra, vivienda, alimentación, redes viales y otras áreas que atañen a una vida con un mínimo de bienestar, expresan de modo inapelable el desamparo en el que sobrevivieron y sobreviven todavía.
Es una vergüenza que hasta hoy las autoridades a las que atañe directamente encontrar una salida a los reclamos, todavía no encuentren el modo de satisfacerlos. Muestra la insensibilidad de un Estado que los ha abandonado en la miseria e interpela severamente a quienes los mantienen al margen de los beneficios a los que hace tiempo debieron haber accedido.
Es de esperar que el Gobierno que asumirá el poder el 15 de agosto venidero cambie de actitud con relación a la de sus predecesores. Los indígenas son ciudadanos paraguayos sujetos de derechos que requieren de una urgente mayor atención.
