El director de Policía del Alto Paraná, Crio. Gral. Insp. Osvaldo Alejandro Ávalos, y los agentes del departamento de Asesoría Jurídica, encabezados por el suboficial Osmar González, serán denunciados ante la Fiscalía por desacato. Esto teniendo en cuenta que ellos no ejecutan los mandamientos judiciales de desalojos, alegando que deben cumplir varios protocolos, sin embargo, en realidad los agentes traban los procedimientos, para presionar a los afectados a pagar una alta suma de dinero en dólares para que se dé cumplimiento a la orden judicial. Abogados, plenamente identificados, dijeron a La Clave que los uniformados cobran de entre USD 5.000 a 10.000 para la ejecución de los desahucios. Este esquema millonario de recaudación estaría enriqueciendo a los suboficiales que no se molestan en ocultar los inmuebles y vehículos de lujo que ostentan.
El Crio. Gral. Insp. Osvaldo Alejandro Ávalos está como director de la Policía del Alto Paraná hace más de ocho meses, y se jacta de estar protegido por el propio ministro del Interior. Según los datos, el mismo encabeza el esquema de extorsión y chantaje a abogados, cuyos clientes tuvieron sus inmuebles invadidos. En la Asesoría Jurídica está como jefe hace años el suboficial superior Osmar González, quien, a su vez, tiene a su cargo a un “selecto” grupo de recaudadores, como el suboficial superior Roberto Giménez, suboficial superior Juan Carlos Galeano y el suboficial principal Jorge Ortiz, quienes, según denuncias responsables, hacen de todo para trabar el cumplimiento de mandamientos judiciales de desalojos.
Supuestamente, los uniformados encajonan los expedientes hasta que el “cliente” se canse de esperar y ofrezca dinero. Allí empiezan la extorsión y el chantaje para iniciar con la constitución en el inmueble a ser desalojado. Luego exigen sumas siderales para concretar el procedimiento, alegando que hay que repartir la plata al director de Policía, jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y también para la alimentación de los uniformados afectados para el desahucio del inmueble.
ATORNILLADO
El suboficial superior Osmar González se “atornilló” en el cargo, no justamente por la eficacia en su labor, sino supuestamente por las artimañas que tiene para recaudar y generar dinero para sí y para los jefes de turno.
DESACATO JUDICIAL
Un grupo de abogados que están cansados de esperar que sus mandamientos judiciales sean ejecutados anunciaron que presentarán una denuncia formal por desacato ante el Ministerio Público, empezando por el director de Policía y todos el personal de Asesoría Jurídica. Esta acción será presentada este lunes, y también enviarán una copia de la denuncia a Asuntos Internos de la Policía y al ministro del Interior Federico González, para que se interiorice de lo que ocurre en el Alto Paraná.
EVIDENCIA
El 16 de junio del 2022, los abogados de una persona, cuyo terreno fue invadido, dio mesa de entrada del mandamiento de desalojo de un terreno de 360 metros cuadrados que está ubicado en el barrio Che La Reina de la capital departamental, firmado por el juez civil de primera instancia, Mario Aguayo, en autos caratulados “Pablo Aquino c/ Aldo Florentín Barúa”.
Sin embargo, hasta la fecha los uniformados de esta división policial ni siquiera le dieron trámite. El abogado de este caso ya ha acudido en reiteradas ocasiones a la oficina, incluso, ya cumplió con las directrices de los encargados de la oficina de Asesoría Jurídica y solicitó al propio director de Policía, Com. Gral. Insp. Osvaldo Ávalos, el acompañamiento policial, pero tampoco logró el cumplimiento del mandamiento.
DECENAS DE OFICIOS
Son decenas los oficios encajonados por los responsables de la oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección de Policía del Alto Paraná. Tanto es así que un grupo de abogados está anunciando una denuncia formal ante el Ministerio Público por desacato a una orden judicial contra los integrantes de este departamento policial y la propia cabeza de la Policía en el Alto Paraná.
