Persiste la corruptela generalizada en las cárceles del país, principalmente, en la penitenciaría regional de Ciudad del Este, en donde se cometen todo tipo de atrocidades, con la connivencia de los funcionarios del penal. La semana pasada, la cárcel esteña fue intervenida, tras el hallazgo de una gran cantidad de bebidas alcohólicas, sin embargo, la situación no varió y persisten los casos de extorsión, de acuerdo a las denuncias recibidas en la redacción de La Clave. El propio ministro de Justicia reconoció la situación, pero se justificó diciendo que no hay presupuesto para la adquisición de inhibidores de señal para acabar con este mal de una vez por todas.
Suman y siguen los casos de extorsión desde los establecimientos penitenciarios del país. Un destaque especial merece la cárcel regional de CDE, donde la corrupción corre suelta a raíz del alto grado de venalidad de los funcionarios penitenciarios. Se calcula que el 90% de los reclusos poseen teléfonos celulares en su poder, algunos incluso tienen acceso a Wi-Fi y notebooks, de acuerdo a los informantes.
La semana pasada, había sido destituido el director del penal, el seccionalero Roberto Emilio Riveros Florentín, quien había autorizado el funcionamiento de una “bodega” en uno de los pabellones. El Ministerio de Justicia había dispuesto una intervención de 30 días y nombró como interventor a Domingo Antonio Bazán Rojas, actual coordinador de alto riesgo penitenciario de la Dirección General de Establecimiento Penitenciarios. Este personaje también es muy cuestionado, ya que en el 2021, cuando era director del citado ente, fue bastante repudiado, luego que facciones rivales se enfrentaran y dejaran siete muertos en la cárcel de Tacumbú.
Actualmente, se calcula que la gran mayoría de los aproximadamente 1.000 reclusos que alberga la penitenciaría regional de CDE tienen en su poder al menos un teléfono celular, gracias a la corrupción de los guardicárceles. Recordemos que los internos tienen prohibido el acceso a los celulares, según el reglamento del Ministerio de Justicia, para evitar que se cometan con ellos otros hechos punibles, por más que los afectados tengan libre comunicación. Sin embargo, esta prohibición no se puede cumplir debido a la corrupción.
Así las cosas, muchos de los internos utilizan sus celulares para embaucar a sus víctimas incautas o entonces, cometer delitos como la “sextorsión”, para lo cual cuentan con la complicidad de personas de afuera e incluso mujeres, menores de edad, en muchos casos. Los estafadores encarcelados crean páginas falsas en Facebook, Instagram y otras redes sociales, desde donde “ofertan” motocicletas, automóviles, casas, terrenos, etc., para engañar a las personas, con centenares de mecanismos. Días pasados, a un joven lo engañaron con la venta de una motocicleta. El mismo giró G. 1.250.000 a un número, que resultó ser de un interno de la cárcel.
Otro escándalo reciente en el reclusorio esteño se dio con el denominado operativo “Camaleón”, que permitió identificar a una persona que fungía de empresario, ganadero y actor porno. Así también, se pudo conocer su modus operandi para cometer los hechos punibles de extorsión y coacción. El hombre contactaba a sus víctimas a través de las redes sociales y tiene una gran habilidad para engañar. Se trata de Óscar Antonio Cardozo Calonga. Sus víctimas principales eran mujeres mayores de edad de Asunción y Central, de clase media a baja.
Cardozo les pedía grabar un video pornográfico, para luego vender el material en el extranjero y recibir un pago de entre G. 5 y G. 10 millones. Cuando lograba “convencer” a las víctimas, él se hacía pasar por un secretario del empresario y actor porno. Tras grabar el video, Cardozo Calonga empezaba con la “sextorsión” y coacción. Hasta ahora tienen cinco causas abiertas en la unidad antisecuestro en su contra, además de poseer antecedentes por pornografía infantil.
El hombre está preso desde marzo en la penitenciaría de CDE, pero de igual forma conseguía los recursos para seguir operando. Incluso, llegó a citar en la cárcel a una de sus víctimas, según la Policía. De su poder fueron incautados varios celulares que fueron sometidos a pericia.
MINISTRO RECONOCE, PERO DICE QUE NO PUEDEN HACER NADA
El ministro de Justicia, Daniel Benítez, reconoció la complicidad de los funcionarios para el ingreso de teléfonos, bebidas y otros elementos a los penales. Lamentó que no cuenten con presupuesto para inhibir la señal de los celulares y evitar las extorsiones.
Benítez expresó que lograron la individualización de diferentes personas privadas de libertad que estaban realizando estafas y extorsiones, sin embargo, admite que “falta mucho”. Mencionó que unos 65 funcionarios fueron desvinculados mediante sumarios iniciados entre el año pasado y este. Otros 40 sumarios se encuentran en proceso y también hay varios suspendidos, ya que los agentes penitenciarios cuentan además con una causa penal abierta.
Pidió a la ciudadanía no brindar informaciones personales por celular a extraños ni caer en llamadas sobre supuestos accidentes de familiares o solicitudes de pin o contraseñas que, supuestamente, provienen de los bancos.
