Finalmente, el cartismo “salvó” al abogado Jorge Bogarín Alfonso, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), considerado como “protector de jueces corruptos en Alto Paraná” y declarado significativamente corrupto por el gobierno de los EE.UU. Ayer, en sesión de Diputados, los cartistas y sus aliados liberales llano-cartistas evitaron el juicio político a Bogarín, quien de esta manera seguirá impune para alegría de los magistrados y fiscales venales que cumplen funciones en el décimo departamento. Mientras está de permiso, lo reemplaza la abogada Amambay Ferreira, directora general de asuntos legales del JEM, en la tarea de operar en tribunales e imponer resultados de juicios a jueces y fiscales.
Ayer a la tarde, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de resolución que pedía el juicio político de Jorge Bogarín, miembro con permiso del Consejo de la Magistratura (CM) y ex titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), acusado por EE.UU. de significativamente corrupto, y lo envió al archivo.
Los proponentes del proyecto de resolución por el que se formuló acusación contra el miembro del Consejo de la Magistratura Jorge Bogarín, a los efectos de la instauración del juicio político, intentaron volver a posponer el tratamiento por ocho días más. La semana pasada se solicitó y se aprobó la postergación del estudio de la propuesta porque estaba pendiente un informe del Jurado, que guarda relación con la primera causal.
Bogarín fue acusado por mal desempeño por cobro indebido de honorarios en el libelo acusatorio presentado por diputados de la oposición. No obstante, el proyecto contemplaba cuatro causales: por mal desempeño en general, por no haberse excusado de entender en el enjuiciamiento; no haberse excusado de entender en el enjuiciamiento del fiscal Jorge López Lohman; no haberse excusado, a pesar de tener la obligación, en el caso del postulante a la Corte, Marco Aurelio González; enriquecimiento sin causa y declaración falsa, y cobro indebido de honorarios.
Sin embargo, desde la bancada de Honor Colorado lograron los votos para rechazar ese planteamiento y que el pedido de juicio político ya sea tratado en la sesión extraordinaria de este miércoles. Tras un largo debate, la petición fue puesta a consideración del pleno y no reunió los 45 votos mínimos para su aprobación. En total 32 diputados votaron en contra, 33 a favor del juicio político y 11 estuvieron ausentes. Cabe mencionar que, mientras goza del permiso, Bogarín es “dignamente representado” por la abogada Amambay Ferreira, directora de asuntos legales del JEM, quien ahora es la que se encarga de impartir órdenes a jueces y fiscales, sobre cómo deben llevar los casos donde hay “intereses” de por medio, aseguran fuentes fidedignas a La Clave.
PROTECTOR DE JUECES CORRUPTOS
El abogado Jorge Bogarín Alfonso, actual miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (con permiso) está sindicado como principal protector de jueces corruptos que operan en el Alto Paraná y que, pese a los múltiples cuestionamientos, nunca fueron investigados, sancionados o destituidos por el JEM.
De acuerdo a los datos proporcionados por fuentes, Bogarín en poco tiempo se convirtió en principal protector de jueces corruptos, que operan impunemente en la Sexta Circunscripción. Tal es el caso de la jueza Cinthia Garcete, cuestionada magistrada, “experta” en blanquear a políticos corruptos, polibandis e incluso feminicidas. Sin embargo, pese a todo esto, el JEM, controlado por Bogarín y sus secuaces, nunca la investigó e inclusive la confirmó en el cargo.
O el caso de la jueza Fátima Burró, quien liberó a una mujer que lidera una red de sextorsión. La misma también había sido investigada por el JEM, que llamativamente nunca encontró evidencias sobre las barbaridades cometidas por la magistrada, quien también había blanqueado a la exintendente de CDE, Sandra McLeod de Zacarías, en un proceso penal por lesión de confianza. Burró también fue reconfirmada en el cargo. Con este tipo de conductas, Bogarín se compraba el apoyo incondicional de los jueces para todas sus fechorías, según las fuentes.
Recientemente, el Departamento de Estado de los EE.UU. designó al abogado Jorge Bogarín y su secuaz Vicente Ferreira como significativamente corruptos, al interferir abiertamente en procesos judiciales, afectando la “independencia e imparcialidad” del Poder Judicial.
Bogarín ha registrado en apenas cuatro años un increíble crecimiento patrimonial, de acuerdo con sus declaraciones juradas. De tener en el 2019 un patrimonio neto de G. 812.320.000, pasó a acumular G. 2.298.563.123 en el 2023. Actualmente, la Contraloría se halla abocada en investigar el “milagro económico” del que se ha beneficiado el abogado Jorge Bogarín. No obstante, todo eso no fue suficiente, ya que el cartismo, que ahora acaba de recuperar la presidencia de la República en la persona de Santiago Peña, decidió extender su manto protector sobre la cuestionada figura de Bogarín, quien de esta manera podrá continuar impunemente con su lamentable labor al frente del Consejo de la Magistratura.
