Una nueva muestra de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) no cumple sus funciones y más bien es cómplice de las barbaridades jurídicas cometidas por los jueces en el Este del país, se dio con la absolución de la jueza en lo civil, Victoriana Cáceres, acusada en reiteradas ocasiones por retardo de justicia, un “vicio” muy común en los juzgados civiles y los tribunales de alzada. El JEM dilató el expediente de tal manera que ya no hubo otra alternativa que absolver a la cuestionada magistrada, quien de esta manera seguirá “impartiendo justicia”, siempre de acuerdo a los “incentivos” que pudiera recibir, aseguran profesionales del fuero.
El último vergonzoso hecho que involucra a los miembros del JEM, encubridores de corruptos, se da con la jueza en lo civil y comercial del tercer turno, Victoriana Cáceres, de pésima gestión en el Alto Paraná. El caso de la misma fue tratado el martes pasado y la mujer resultó absuelta por retardo de justicia. Sugestivamente, la notificación de su enjuiciamiento ocurrió seis meses después, es decir, al alcanzar el plazo máximo que tiene el JEM para dictar sentencia. Ante esta situación, irregular a todas luces, el Jurado simplemente resolvió extinguir la causa abierta a la magistrada y disponer su absolución por mal desempeño de funciones, que se le abrió al encontrar que la Cámara de Apelación hizo lugar a tres quejas por retardo de justicia contra la misma. Sin embargo, con la extinción de la causa, por incumplir el plazo de seis meses para dictar sentencia, quedó en evidencia la actuación negligente de los integrantes del órgano juzgador.
El senador Ramón Retamozo ratificó su voto por la absolución de la jueza, al igual que el titular del JEM, diputado Rodrigo Blanco, así también el diputado Hernán Rivas y el Oscar Paciello, también en el mismo sentido. La que cambió su voto fue la senadora liberal Hermelinda Alvarenga, quien se había adherido a la postura de Ramírez Candia, quien solicitó un apercibimiento para Cáceres. Con esto, queda en evidencia la negligencia del JEM para estudiar los casos, dejando siempre impunes a los magistrados.
De hecho, en el único caso en que destituyeron a un juez en Alto Paraná fue el del magistrado de Hernandarias, Nelson Ojeda, quien sin embargo posteriormente fue repuesto por disposición de la Corte Suprema de Justicia.
ACTUACIONES GRAVES, PREMIADAS CON IMPUNIDAD ABSOLUTA
El retardo de justicia y la morosidad son los problemas más acuciantes en todos los tribunales en lo civil y laboral del Alto Paraná. Misma situación ocurre en los tribunales de apelaciones, que tardan entre 3 a 6 meses para tomar una decisión, esperando siempre algún “incentivo” de los abogados o sus clientes para “agilizar” las causas.
Los abogados que hablaron con La Clave indicaron que, pese a las evidencias, no pueden “alzar la voz”, ya que en ese caso quedan “marcados” por los jueces y se exponen a todo tipo de represalias. Como los magistrados gozan de la protección y tienen impunidad garantizada gracias a la falta de gestión y venalidad de los miembros del JEM, pueden actuar como se les da las ganas, sin temor a nada.
El Jurado fue creado como el órgano constitucional que juzga el desempeño de magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, en la práctica, sus miembros apadrinan a los jueces y fiscales corruptos, en el marco de una rosca considerada casi indestructible dentro de la estructura del Poder Judicial.
Recientemente, el gobierno de EE.UU. había declarado significativamente corrupto a nada menos que el titular del Consejo de la Magistratura, Jorge Bogarín, evidenciando de esta manera cómo la corrupción ha permeado este organismo, que es vital para el combate a la corrupción en el Poder Judicial.
Es un secreto a voces que prácticamente todos los magistrados tienen el “padrinazgo” de algún integrante del JEM, por lo que son considerados “intocables” y pueden hacer lo que se les antoja, sin necesidad de temer consecuencias. Los propios miembros del JEM son considerados intocables y solo con la influencia de un gobierno extranjero, en este caso EE.UU., se pudo lograr la salida de Jorge Bogarín, aunque no definitiva, ya que el mismo se mantiene “vivo” gracias a la benevolencia de los diputados, que se niegan a enjuiciarlo.
