Funcionarios de la ANDE secuestraron ilegalmente medidores y cortaron el suministro energético que corresponde a una empresa mineradora de bitcoins, que opera en la fracción Bella Vista, en Hernandarias. El año pasado, el local fue intervenido por el ente estatal por supuesto robo de energía, lo cual sin embargo nunca pudo ser corroborado y actualmente está en litigio en el Tribunal de Cuentas, segunda sala, además de la existencia de una medida cautelar vigente que impide a la entidad innovar en el lugar. No obstante, ignorando todo esto, los funcionarios de la ANDE procedieron ayer a retirar los medidores y al corte del suministro energético, de manera absolutamente autoritaria e ilegal, según denunciaron los representantes legales de la firma afectada.
El local de la empresa, propiedad de Paul Brian Klein, fue allanado a inicios del año pasado en una intervención de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), bajo liderazgo del funcionario Rodney Flores, cuando se sospechaba de supuesto robo de energía. Sin embargo, los representantes legales del afectado, de inmediato, presentaron una demanda en lo contencioso-administrativo, en contra de la pretensión de la entidad estatal, de cobrar una factura con un monto superior a los G. 1.200 millones, que no es siquiera resultado de algún sumario administrativo, sino fue “fabricado” por la ANDE, en base a suposiciones, alegan los denunciantes. Además, cuestionaron la intervención realizada, pidiendo la nulidad absoluta de lo actuado por los funcionarios, acusando a los mismos de violar los procedimientos y normativas preestablecidas para este tipo de casos, así como falta de respeto a los derechos constitucionales del afectado, señalando además que el promedio de pago del cliente nunca llegó ni cerca a los G. 30 millones, por lo que, en un mes, no podría jamás alcanzar la suma de G. 1.208 millones.
Se cuestiona además que la ANDE, de manera unilateral, exige a los usuarios que se dedican a la actividad de minería de criptomonedas, deben adecuarse al nuevo marco tarifario que crea un nuevo grupo de consumo intensivo, según resolución 46984, autorizada por decreto presidencial 7824/22, lo cual no fue debidamente informado a los afectados.
Ante las presuntas arbitrariedades cometidas por la estatal, el juzgado de primera instancia en lo civil, comercial y laboral de Itakyry otorgó una medida cautelar de urgencia en el marco de un amparo constitucional, por la cual se ordenó a la ANDE la inmediata reconexión y restablecimiento del servicio de provisión de energía eléctrica. Sin embargo, ahora, ignorando la vigencia de la medida cautelar y de un proceso en lo contencioso-administrativo en el Tribunal de Cuentas, la ANDE notificó sobre el retiro de los medidores, de manera absolutamente arbitraria y dictatorial, ya que se basa únicamente en el rechazo de un recurso administrativo planteado en el ente por el afectado. Dicha decisión fue firmada por el gerente comercial de la ANDE, abogado Rodys Rolón, de acuerdo a los documentos arrimados a La Clave.
Con esto, queda en evidencia que la ANDE busca erigirse en “juez y parte” al mismo tiempo y no da siquiera posibilidad a los usuarios de plantear recursos judiciales para tratar de defender sus legítimos derechos. Principal artífice de estos manejos dolosos sería el propio presidente de la estatal, Félix Sosa, según mencionaron los denunciantes del caso.
