De manera bastante llamativa y sugestiva, la Cámara de Apelaciones decidió que cada parte debe correr con las costas del juicio en el que el polémico y cuestionado Gral. (SR) Máximo Díaz Cáceres, secretario permanente del Consejo de Defensa Nacional (CODENA), querelló por presunta calumnia al director de La Clave, Reinaldo Lugo. Si bien el prepotente exmilitar perdió el juicio en todas las instancias, una vez más, habría pesado su influencia política, ya que es una influyente figura del gobierno del presidente Mario Abdo, para resultar beneficiado de manera indebida e injusta, llevando en cuenta que, normalmente, la parte que resultare perdidosa en una querella civil, de carácter privado, debe responsabilizarse de los gastos que demandó el proceso judicial.
Fuentes fidedignas indicaron a periodistas de La Clave que, en los días previos a la polémica resolución, por la cual se “dividen” las costas del juicio perdido por Díaz Cáceres, el mismo se reunió de manera bastante sugestiva con la presidenta del Tribunal de Alzada, abogada Marta Isabel Acosta, en donde habrían “cocinado” la absurda decisión.
Pocos días después, el tribunal conformado por Acosta y los camaristas Raúl Insaurralde y Nilda Cáceres, efectivamente, comunicó su cuestionada decisión de que cada parte (demandada y demandante) debe correr con las costas del juicio, evidenciando una vez más las nefastas influencias de Máximo Cáceres en esferas judiciales, teniendo en cuenta que, a juzgar por los antecedentes del caso y en circunstancias “normales”, el mismo debió correr con las costas del juicio, ya que perdió en todas las instancias. Sin embargo, aquí una vez más se nota la injerencia del poder político en las decisiones que se toman en el ámbito judicial, indicaron abogados consultados sobre el caso.
Recordemos que la Cámara de Apelaciones en lo penal había confirmado la sentencia del juez Marino Méndez, quien absolvió de culpa y pena al director del diario La Clave, Reinaldo Lugo, en el marco de una querella por presunta calumnia, instaurada por el Gral. (SR) Máximo Díaz Cáceres, secretario permanente del CODENA. El mismo se había abocado afanosamente en buscar la condena del periodista, desatendiendo inclusive sus funciones al frente del organismo el que es funcionario. Quedaba claro que el militar retirado solo buscaba sacar réditos económicos de la situación, llevando en cuenta que exigía una millonaria compensación por los supuestos “perjuicios sufridos”, por lo que acertadamente la justicia no dio lugar a sus desatinadas pretensiones.
En su decisión, el magistrado del tribunal unipersonal había considerado que el medio de prensa publicó informaciones basadas en fuentes de información (garantizada en la Constitución Nacional) y que no había afirmaciones que pudieran afectar el honor de Díaz Cáceres. Además, impuso las costas a la parte perdidosa, lo cual sin embargo posteriormente fue “revertido” por el Tribunal de Alzada, presuntamente tras reunirse su presidenta con el afectado.
CUARENTENA
Las publicaciones periodísticas que presuntamente “calumniaban” a Díaz Cáceres hacían alusión a hechos ocurridos en agosto de 2020, cuando regía en el Paraguay cuarentena total por la pandemia del coronavirus. Según el diario La Clave, los marinos cobraban unos 200 dólares de coimas a las personas cambio de permitir el ingreso a nuestro país sin cumplir la cuarentena sanitaria en establecimientos habilitados por el Ministerio de Salud Pública. Mencionaba, además, que empresarios paraguayos y extranjeros que vivían en Foz de Yguazú, Brasil, ingresaban tranquilamente a territorio nacional mediante pago de coimas y el dinero también llegaría hasta el coordinador del Consejo Interinstitucional.
Si bien La Clave nunca afirmó directamente que parte de ese botín llegaba en manos de Díaz Cáceres, sí exteriorizó justificadas sospechas al respecto, llevando en cuenta que la institución a cargo del mismo debió tomar alguna intervención ante la situación, de no ser cómplice de esa violación constante que se registraba en aquellos días de total pandemia y restricción absoluta de ingreso al país. No obstante, el CODENA no hizo absolutamente nada en aquel entonces. Es más, ante la Comisión Bicameral del Congreso, en el marco de sus investigaciones, quedó al desnudo que miles de personas ingresaron irregularmente al país durante la cuarentena y las estrictas medidas sanitarias que regían en 2020, lo cual, como mínimo, corrobora la inacción del CODENA en aquel tiempo.
