En teoría, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) se erige en el órgano constitucional que juzga el desempeño de magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, esto no se traduce en la práctica, ya que pese a las denuncias diarias sobre magistrados y fiscales venales o incompetentes, el JEM pocas veces inicia investigaciones y, cuando lo hace, generalmente “blanquea” a los acusados, todos apadrinados por los miembros de este organismo. Recientemente, el gobierno de EE.UU. había declarado significativamente corrupto a nada menos que al titular del JEM, Jorge Bogarín, evidenciando de esta manera cómo la corrupción ha permeado este órgano extrapoder, que es vital para el combate a la corrupción en el Poder Judicial.
Alto Paraná es uno de los departamentos con los índices de corrupción y morosidad judicial más elevados a nivel país. Casi a diario son denunciados nuevos casos, sobre actuaciones llamativas o sumamente sugestivas de magistrados. Por ejemplo, La Clave denunció semanas atrás el caso del juez penal de garantías de Minga Porã, Edgar Manuel Lezcano, quien de forma grotesca cambió la calificación de un grave crimen y otorgó arresto domiciliario al abogado César Cristaldo Esquivel, procesado por feminicidio, dilatando la audiencia para así evitar que el sospechoso vuelva a la cárcel.
El leguleyo habría asesinado a su expareja, Rosa Agüero Martínez, durante una ronda de tragos el 21 de noviembre de 2021 en el interior de una vivienda ubicada en Minga Porã, se mantuvo prófugo durante dos meses, fue detenido en enero del 2022, pero tiempo después ya gozó de la comodidad de su casa mediante la evidente protección del juez Lezcano. Si bien la Cámara de Apelaciones revocó el arresto domiciliario y dispuso que el expediente se devuelva al juez de garantías, este siguió dilatando la decisión, evidenciando la existencia de un “acuerdo” con el procesado. Pese a la gravedad del caso, el JEM ni siquiera se dignó en pedir informes.
Otro caso grosero es el de la polémica juez Cinthia Garcete Urunaga, quien también había liberado a un feminicida, sin sufrir ninguna consecuencia por ello. Es más, en esa causa hubo una “doble injusticia”, ya que posteriormente, un tribunal de sentencia condenó al acusado a solo 15 años de prisión y no a los 30 que había pedido el Ministerio Público, y la querella adhesiva de la familia. Se trata de Anderson González Ocampos, quien ejecutó de un balazo en la cabeza a su novia de 17 años, en agosto de 2021 en Minga Guazú.
Pese a la existencia de filmaciones, que muestran cómo el joven mató a sangre fría a la adolescente, increíblemente los miembros del colegiado cambiaron la calificación de feminicidio a homicidio doloso para justificar la condena de apenas 15 años. El tribunal estuvo presidido por Emilia Santos y conformado por Milciades Ovelar y Flavia Lorena Recalde, quienes consideraron que “no hubo un ciclo de violencia en perjuicio de la víctima”, por lo que estimaron que el hecho se configura como homicidio doloso. Ninguno de los citados fue investigado por el JEM, pese a los pedidos de la familia por justicia.
SECRETO A VOCES
Es un secreto a voces que prácticamente todos los magistrados tienen el “padrinazgo” de algún integrante del JEM, por lo que son considerados “intocables” y pueden hacer prácticamente lo que se les antoja, sin necesidad de temer consecuencias. Solamente en casos extremos y con fuerte presión mediática, el JEM se digna en abrir algún sumario, y en un porcentaje ínfimo, hay sanciones o destituciones.
Los propios miembros del JEM son considerados intocables y solo con la influencia de un gobierno extranjero, en este caso EE.UU., se pudo lograr la salida de Jorge Bogarín, aunque no definitiva, ya que el mismo se mantiene “vivo” gracias a la benevolencia de los diputados, que se niegan a enjuiciarlo. Bogarín cuenta con la protección del Partido Colorado, por lo que sería muy difícil su destitución.
En síntesis, hoy día el JEM no cumple con sus funciones y cabe a las máximas autoridades del país (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) hallar alguna solución para que los magistrados que hacen causa común con delincuentes, narcotraficantes, feminicidas y otros, sean verdaderamente penalizados y desafectados de la administración de justicia.
