En busca de conseguir una orden real para tratarse medicamente en el hospital de la Fundación Tesãi, Anderson Medina, víctima del policía Narciso Cañete, condenado a siete años de prisión que la compurga en la Agrupación Especializada de la institución uniformada, recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El organismo legal internacional dio curso legal al pedido admitiendo y notificando la denuncia a Paraguay.
El recurrente afirma en su requerimiento que las heridas provocadas por el suboficial de Policía lo dejaron imposibilitado de seguir con una vida normal, ya que ni puede trabajar por debilidad en las piernas. Alberto Medina, padre de la víctima, aseguró que ya no cuenta con recursos económicos para solventar los gastos médicos que requiere el tratamiento y acusó al policía de haber truncado la vida de su hijo, por su irresponsabilidad en el uso de su arma reglamentaria, según se pudo socializar.
Acotó también que no hizo estudiar a su hijo para que hoy se encuentre en esas condiciones. Su capacidad motriz está totalmente cercenada y es urgente que la Policía o el Estado asuma las consecuencias de la desafortunada acción del suboficial Cañete.
PEDIDOS FUNDADOS
A través de su abogada, la víctima recurrió primero a la Procuraduría General de la República en un intento por conseguir un acuerdo para su atención médica a través del convenio Itaipú-Fundación Tesãi, sin respuesta a la fecha. La CIDH admitió la demanda contra Paraguay en marzo del año pasado en razón a presuntas violaciones a los derechos humanos de Medina. Su familia solicita una indemnización de G. 3.900 millones, con los que pretende cubrir los gastos médicos.
La fundación Tesãi le negó los derechos y atención a la víctima, según el escrito elevado a la CIDH, por la abogada Noemí Barreto, representante legal de Anderson Medina y su familia. El joven debe tratarse medicamente de por vida, pero ya no existen los medios económicos y las autoridades se niegan a asistirlo. En consecuencia, no queda otro recurso que recurrir al organismo internacional de derechos humanos para que el Estado asuma sus responsabilidades ante los hechos reales que lo afectan.
Medina recibió un disparo de arma de fuego en la columna el 1 de julio de 2012 a la altura del kilómetro 10 Ruta PY02. Se abrió una causa penal contra el policía Narciso Cañete, en la que fue condenado a siete años de prisión, que sigue cumpliendo a la fecha.
