TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Se espera sentencia sobre mensura judicial realizada para ubicar finca 66

La finca 66 abarca varios barrios de Ciudad del Este.

La Municipalidad de Ciudad del Este espera la sentencia judicial sobre la mensura realizada para determinar la situación de la famosa y conflictiva finca 66, con más de 700 hectáreas de extensión. Una vez recibido ese documento, debe ser remitido a la división de catastro para que la Comuna pueda, finalmente, administrar los inmuebles, basado en una ley de expropiación que data de los años 90.

El Ing. Jorge Quintana, propietario de la empresa GeoCad, encargada de la medición, explicó sobre el proceso que realizó la compañía desde el 2021. “Primero hacemos la medición, después se elaboran los planos, se visitó casa por casa, barrio por barrio para hacer un censo y ver el estado de cada uno, la mensura judicial fue aprobada en el Ministerio de Obras Públicas, en el Departamento de Agrimensura y Geodesia el 30 de diciembre del año pasado”, afirmó.

Asimismo, declaró que los resultados de la mensura vuelven al Poder Judicial para que salga la sentencia definitiva, es decir, un título nuevo. “Anteriormente, la finca 66 tenía una nota marginal, donde la Dirección de Registros Públicos solicitaba una mensura judicial para saber el parámetro, el perímetro y la superficie exacta de todo lo que está dentro del terreno. Ahora, el Poder Judicial tiene 60 días para expedirse con respecto a la sentencia definitiva. Una vez que envíen la sentencia definitiva, esto vuelve a la dirección de catastro, y ahí el intendente recién procede y culmina todo el proceso”, comentó Quintana.

La mensura judicial abarcó desde la zona del km 3,5 hasta el km 7,5, que incluye los barrios Pablo Rojas, Che la Reina, La Blanca, Ñasaindy, Don Bosco, Mburucuyá y Carolina, afectando a unas 20.000 familias.

FRENAR DESALOJOS

El intendente Miguel Prieto y el equipo jurídico de la Municipalidad llegaron a un acuerdo con los moradores para intentar frenar los desalojos con acciones autónomas de nulidad, por las cuales la Comuna intentará derogar el título de propiedad que poseen los terceros.

ANTECEDENTES

Tras la caída de Alfredo Stroessner, un grupo de herederos de la empresa Bananera Paraguaya se presentaron como acreedores de los títulos originales de esas tierras reclamando el derecho de posesión.

La administración municipal, para evitar un grave problema social, pidió en 1990 la expropiación a favor del municipio y legalizar las ocupaciones. Así se hizo y el Estado paraguayo pagó G. 44.000 millones que se terminó de abonar durante la administración del presidente Juan Carlos Wasmosy.

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