TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Auditoría externa detecta daño patrimonial de más de G. 3 mil millones en gestión de Mario Noguera

Sesión ordinaria de la Junta Municipal donde se trató el informe de la auditora.

Un daño patrimonial de más de G. 3.000 millones detectó una auditoría externa practicada a la administración del exintendente de Juan León Mallorquín, Mario Noguera (PLRA), ordenada por el actual jefe comunal, Elvio Coronel. Tras conocerse el resultado, el mismo comunicó el envío del documento al Ministerio Público para la apertura de una causa penal. Noguera ya tiene una imputación fiscal por una presunta “tragada” de casi G. 1.000 millones, sin embargo la misma “duerme” en los cajones del Ministerio Público, presuntamente por influencias del diputado Manuel Trinidad, su “protector”, según fuentes.

Ayer se divulgó el resultado de una auditoría externa, practicada sobre la administración del exintendente de Juan León Mallorquín, Mario Noguera (periodo 2015-2021). La auditora es la Lic. Mirna Ramona Jiménez, quien halló indicios de un daño patrimonial por valor de G. 3.183.144.320. Según detalla un resumen, se detectó presunta malversación de fondos y daño patrimonial por la suma de casi G. 3.200.000.000, que no cuentan con documentos respaldatorios, ni rendición de cuentas de la gestión Noguera.

Esto sin mencionar las obras sobrefacturadas; al menos ocho obras fueron auditadas en una primera etapa y se encontró alrededor de G. 400.000.000 en sobrefacturación. Entre otras irregularidades se encontraron diferencias entre recaudaciones ingresadas y depositadas durante los ejercicios fiscales 2016 al 2021, transferencias interbancarias realizadas por la administración municipal desde las diferentes cuentas bancarias de la institución, pendientes de reposición en la cuenta de origen.

También se detectaron cheques emitidos del Banco Nacional de Fomento (BNF) sin documentos respaldatorios e imputados diferentes órdenes de gastos y cheques cobrados por el intendente y el director de la UAF (Unidad de Análisis Financiero), gastos ordenados a nombre de proveedores y cheques emitidos y cobrados por el intendente y el director de la UAF; préstamos bancarios utilizados en gastos corrientes y pagados con royalties, lo que no corresponde al no estar vinculados con gastos de capital, según la ley de royalties; combustibles utilizados en gestiones administrativas pagados con royalties, en un monto estimativo de G. 249 millones, entre otras graves anomalías. Por lo expuesto, el intendente Elvio Coronel y la Junta Municipal, en concordancia, decidieron remitir los antecedentes al Ministerio Público para una investigación penal.

Resumen de la auditoría presentada por la Lic. Mirna Ramona Jiménez, que detalla las irregularidades en la gestión del exintendente Mario Noguera.

IMPUTACIÓN

Hay que recordar que Mario Noguera ya había sido imputado en julio del 2020, por lesión de confianza tras detectarse en la Municipalidad una supuesta “tragada” de G. 967.773.411. La imputación había sido presentada por la fiscal Hermenegilda Cubilla en el juzgado penal de garantías N° 5 de Ciudad del Este, a cargo de Cinthia Garcete Urunaga.

Según la imputación fiscal, en 2017, el intendente Noguera había solicitado una autorización para un préstamo de G. 967.773.411 para financiar diferentes obras, según el proyecto el empréstito fue aprobado por la Junta Municipal. Sin embargo, en la rendición de cuentas no fue consignado el monto obligado del rubro de préstamo ni los pagos declarados; además, tampoco los fondos se encontraban disponibles en el balance general. No obstante, esta causa está “congelada”, debido presuntamente a las influencias del diputado Manuel Trinidad, quien oficia de “protector” del exintendente, quien actualmente es candidato a concejal departamental, por el equipo político de Trinidad.

Noguera había intentado el rekutu en el cargo, pero al ser derrotado, buscó “refugio” y consiguió nuevamente candidatarse en el equipo de Trinidad Colmán, uno de los parlamentarios más cuestionados del Alto Paraná, por sus negociados en la Itaipu y sus vínculos con personas “significativamente corruptas”, como el vicepresidente Hugo Velázquez. Además, el mismo recibió múltiples cuestionamientos durante su gestión como fiscal y como juez, viéndose incluso obligado a renunciar a su cargo de magistrado, ante su inminente destitución por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

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