Universidad sospechada de plagio vuelve a presentar propuesta al MEC
En forma descarada y temeraria, directivos de la cuestionada Universidad de San Ignacio de Loyola (USIL), denunciada por plagio y estafa a docentes y el MEC por unos 5 millones de dólares, ahora nuevamente participa de un millonario llamado a licitación del Ministerio de Educación y Ciencias, pretendiendo ofertar en el concurso “contratación de instituciones de Universidad para desarrollo del curso de especialización en aprendizajes basados en redes y liderazgo pedagógico”, destinado a docentes paraguayos. Se trata de un contrato de G. 1.600 millones y hay temor que la USIL sea beneficiada, pese a sus nefastos antecedentes.
La cuestionada Universidad de San Ignacio de Loyola USIL, con sede central en Perú y que cuenta con una filial en Asunción, pese a sus nefastos antecedentes, se presenta a un nuevo concurso de ofertas, en el marco del “programa de capacitación de los educadores para el mejoramiento de los aprendizajes de niños, niñas, jóvenes y adultos a nivel nacional”, del Ministerio de Educación y Ciencias. El acta de apertura se realizó ayer 20 de julio y existen sobradas sospechas de que la USIL, quien es oferente conjuntamente con otras tres casas de estudio, podría ser la beneficiada, pese a los negros antecedentes que tiene en su haber.
En ese sentido, hay que recordar que la USIL fue protagonista de una de las mayores estafas al Estado paraguayo por parte de una universidad privada de Perú, al ofrecer precisamente un curso de capacitación a casi 3 mil docentes, cuyo contenido en gran porcentaje fue plagiado de un programa ya utilizado por el Ministerio de Educación de Perú (dueño del material), caso que incluso fue investigado por el Distrito Fiscal de Lima, Segunda Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual, a cargo del agente fiscal Miguel Ángel Puicón. El tema resultó en escándalo en ambos países, siendo los docentes compatriotas los principales perjudicados del fraude.
En Agosto de 2018, el MEC formuló una denuncia por plagio en los materiales presentados por la Universidad USIL, en aquel contrato por unos G. 8.800 millones. No obstante, el fiscal Diego Zilbervarg, en abril de 2019, desestimó la causa, manifestando que el delito fue cometido en Perú.
Ahora, bajo la nueva gestión del MEC, las autoridades educativas permiten a una empresa con antecedentes fraudulentos como la Universidad USIL presentar su propuesta a los llamados del ministerio, para un contrato de G. 1.600 millones, para formar a docentes paraguayos. De ganar, sentaría un nefasto precedente y confirmaría una vez más que las autoridades del MEC, antes que velar por la calidad en la enseñanza y las prácticas éticas, optan por maniobras oscuras y dando preferencia a instituciones educativas privadas vinculadas al fraude y la corrupción.
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