Cuando todavía no superamos la pandemia del Covid-19 y precisamente en momentos en que las autoridades de Salud anuncian que está próxima una cuarta ola de contagios, ha comenzado a notarse el aumento de los incidentes de tráfico: los accidentes y las agresiones violentas hacen que los hospitales estén colmatados de accidentados.
Una de las novedades respecto a años anteriores es el angustioso escenario que viven los profesionales de Trauma: la gran cantidad de pacientes menores de edad que llegan a la emergencia debido a la imprudencia de sus padres, quienes los trasladan en motocicletas.
Una de las primeras secuelas de este drama es la parte económica. Si bien el Estado cubre buena parte de los gastos, los familiares de las personas accidentadas que son llevadas al hospital deben gastar entre G. 300.000 a 400.000 como mínimo. Esto es negativo para ambas partes, pues los fondos públicos deben cubrir todas las necesidades que se generan.
Por otra parte, desde hace años el Observatorio Vial, Estadísticas y Registro de Datos de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, en nuestro país, viene reportando que los accidentes de tránsito se encuentran entre las principales causas de muerte; los expertos apuntan al exceso de velocidad como uno de los principales factores de riesgo, sobre todo debido al hecho comprobado de que existe una débil percepción del peligro que supone no respetar las normas viales, aumentada por otro hecho lamentablemente comprobado que es la impunidad que existe. Prueba de ello es la imagen que se observa por las calles y las rutas de familias enteras viajando sobre una moto, poniendo en grave riesgo sus vidas y particularmente la de niños pequeños.
Hace unos años se calculaba que cada accidentado grave le cuesta al Sistema de Salud Pública aproximadamente 70 millones de guaraníes, y a sus familiares unos 13 millones. Los pronósticos señalaban que entre el 2020 y el 2030, en cada casa habrá un discapacitado permanente por accidente de tránsito. Por el momento, los más aciagos pronósticos se están cumpliendo, es hora por lo tanto de que las instituciones del Estado tomen medidas más estrictas y mejor articuladas.
Nuestro país dispone de todos los instrumentos legales para realizar el control y la prevención, esto es, policías municipales de Tránsito, Patrulla Caminera, Policía Nacional, Fiscalía y juzgados, sin embargo es más que evidente que la labor de ninguna de estas instituciones ha tenido los resultados esperados. A la vista están las cifras de accidentes.
Se debe terminar de una vez con la irresponsabilidad de quienes consideran que vale todo en la calle y en las rutas, pero no se podrá terminar con esta cultura de la irresponsabilidad si antes no se combaten la corrupción y la impunidad. El Estado paraguayo no puede solamente seguir destinando sus recursos para asumir el cuidado de los accidentados, cuando debería atacar la raíz del problema y enfocarse en las labores de prevención.
