El Instituto de Previsión Social (IPS) de Ciudad del Este pretende adjudicar por vía de la excepción servicios de hemodiálisis a una empresa tercerizada, presumiblemente de maletín. Se trata de “Nefro del Este”, que en realidad surge de la fusión entre el Consorcio SMD del Este (STERIL MED S.A.) y MD Constructora SRL que, según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), tiene como representante a Marco Manuel Ortiz Rodríguez. Ortiz es conocido por, supuestamente, falsear datos para quedarse con millonarias licitaciones provenientes del sector público.
Los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) de Ciudad del Este y alrededores, que realizan su hemodiálisis regularmente están muy preocupados porque la previsional pretende adjudicar el servicio a una empresa que nunca prestó servicio en el área de la salud y lo más grave, aparentemente, se creó hace poco solo para llevarse la millonaria adjudicación consistente en G. 5.165.888.500, de acuerdo a la DNCP.
La licitación por vía de excepción urgente se llamó en junio de este año. Supuestamente el consejo directivo, con el comité evaluador, pretende direccionar el servicio a SMD y MD, que no tienen experiencia alguna en el área de salud, puesto que se dedican a otros rubros como la construcción de empedrados. Lo preocupante de la situación es que el servicio está vencido y ya corresponde a una adenda al contrato original. La intención aparentemente solo es facturar con la salud de las personas.
NEFRO DEL ESTE
El centro de hemodiálisis Nefro del Este se instaló en el barrio Obrero, sobre la avenida Teniente Arias, hace apenas unas seis semanas. Con el apuro, los propietarios habrían adquirido máquinas usadas y antiguas, y otros equipos que no dieron a conocer en la declaración jurada de la licitación. Tampoco comunicaron sobre un regente que se encargue de los pacientes. Se debe tener en cuenta la poca cantidad de nefrólogos en el país.
MD SRL
MD SRL es contratista del Estado que se dedica a contruir empedrados. Según la DNCP, Marco Manuel Ortiz Rodríguez es su representante legal. Ortiz proveyó en varias oportunidades de alimentos a la Gobernación, y a municipios del país a través de su empresa MIMI, sumamente cuestionado por los altos costos, y por los supuestos negociados con las autoridades de turno. También provee al Estado de manera unipersonal, y se trataría de un prestanombre para llevarse los recursos públicos.
