El proyecto de ley que plantea una compensación histórica a los extrabajadores de las empresas contratistas de Itaipu Binacional, sancionado recientemente en la Cámara de Senadores, pone en riesgo la seguridad jurídica del país y viola los principios jurídicos que rigen el Estado de derecho. Así lo indicó Manuel María Cáceres, director general paraguayo de la entidad, durante la conferencia de prensa brindada este lunes en la sede la institución.
Cáceres explicó que los reclamantes utilizaron como ejemplo los pagos que se habían hecho en Brasil, pero aclaró que el país vecino nunca abonó compensación alguna a obreros tercerizados, sino que siempre han sido pagados a empleados de Itaipu, los cuales iniciaron acciones legales en tiempo y forma para reclamar el beneficio de peligrosidad por riesgo eléctrico. “Nos preocupa la retroactividad y el impacto que pueda tener esta ley y, sobre todo, cuando hay cosa juzgada. La seguridad jurídica implica cumplir y respetar las leyes”, puntualizó.
Recordó que a través de la firma de la Nota Reversal, aprobada por ambos congresos (de Paraguay y de Brasil), se ha dejado sin efecto la responsabilidad solidaria con respecto a las personas con contrato tercerizado con empresas contratistas de la binacional. Asimismo, señaló que el monto que solicitan los exobreros tercerizados de Itaipu a través del proyecto de ley es de unos USD 940 millones, lo que para la entidad representa por ejemplo el costo del plan de actualización tecnológica, emprendimiento que se desarrollará durante 14 años.
UTILIZARLO EN INVERSIONES
“Es un dinero con el cual podemos pagar once puentes internacionales como el del puente que se está construyendo sobre el río Paraná, o el que próximamente se iniciará sobre el río Paraguay”, refirió además que dicho monto equivale a dos años de aporte de la entidad al Presupuesto General de la Nación (PGN) en concepto de pago de regalías.
Manuel María Cáceres insistió en el punto y dijo que con ese dinero la binacional puede edificar 4.300 Unidades de Salud de la Familia (USF) y cubrir por 94 años el financiamiento al programa de becas universitarias, que representa una inversión anual promedio de 10 millones de dólares por parte de la entidad.
Sobre la consulta de la fuente de financiamiento si se aprueba el proyecto de ley, el director Cáceres señaló que por más de que eventualmente exista una disposición de pago a extrabajadores tercerizados, siempre la fuente debe provenir de Itaipu. No obstante, refirió que la entidad toma sus decisiones de común acuerdo entre ambos países y una ley que obligue a uno de los socios a pagar este importe es inviable.
En otro momento, el titular paraguayo de la binacional comentó que las autoridades de la entidad ya han sido invitadas por el Senado para debatir sobre el tema, y que han contestado las dudas y preguntas sobre el alcance y las consecuencias de dicho proyecto en reiteradas ocasiones.
