Un sexagenario procesado por abuso sexual en niños fue beneficiado por la juez penal de garantías Cinthia Garcete, pese al pedido de prisión planteado por la fiscal Vivian Coronel en razón a la gravedad de los hechos denunciados por la madre de una niña de 5 años que resultó víctima de las atrocidades cometidas por el depravado.
El pervertido sexual aprovechaba su cercanía con los familiares de la menor, quien incluso quedaba a su resguardo en determinadas ocasiones, según los detalles del acta de imputación. La perversión del encausado llegaba a extremos, también especificados en los fundamentos del inicio del procedimiento penal por el que se le aplicó el artículo 135 del Código Penal que castiga la criminal acción que se extendió entre los meses de octubre de 2019 hasta enero de este año. La niña sufrió manoseos y otros tipos de vejámenes que no pudieron ser determinados en la Cámara Gesell.
Curiosamente, la magistrada dispuso el arresto domiciliario en la misma fecha que la Fiscalía presentó su acta de imputación, por auto interlocutorio nº 48, según los antecedentes del caso. El abogado Eulalio Ramón López Martínez, durante la audiencia de imposición de medidas, solicitó la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva, pero se ordenó su prisión como requirió el Ministerio Público. Casi de inmediato, su representante legal solicitó la revisión de medidas y la magistrada Garcete, una vez más, cedió a la intención del procesado y le otorgó el arresto domiciliario sin atender cuestiones elementales para cambiar su postura.
QUERELLA ADHESIVA
Los familiares de la niña víctima anunciaron ayer en la Fiscalía que plantearán una querella adhesiva contra el presunto depravado, de manera a tomar intervención legal y buscar reencausar el proceso, en razón al decisorio de la juez de primera instancia. Aseguran que Garcete, al dictar su resolución, violentó la dignidad y la autonomía de la niña, ya que impuso fianzas personales y reales bajo caución juratoria para firmar las medidas cautelares de referencia. Entre los cuestionamientos de los familiares, se destaca uno de los argumentos esgrimidos por la juez para ordenar el arresto, alegando enfermedad.
Según la magistrada, el procesado es paciente renal y precisa atención médica permanente, sin embargo, los familiares se agravian con la decisión judicial y anticipan pedido de una junta médica para determinar el real estado de salud del incoado. Otro agravio consiste en el valor de las fianzas establecidas por la juez del caso, por el monto de G. 250.000.000, incluyendo una propiedad como caución. La intervención se pedirá de manera inmediata, según los familiares de la víctima.
La juez Cinthia Garcete ni siquiera es investigada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la Corte Suprema de Justicia y menos aún por el consejo de la Sexta circunscripción, por lo que goza de absoluta discreción para firmar fallos aberrantes ante su impunidad garantizada en todos los ámbitos.
