Un total de 11 exfuncionarios de la Gobernación del Alto Paraná siguen sin percibir sus indemnizaciones por la morosidad judicial y la intromisión política en las causas que han promovido para reclamar lo que legítimamente les corresponde. Hay personas que estuvieron por más de 15 años y otros que fallecieron en el tiempo que estuvieron lidiando con este caso.
Un total de 48 trabajadores fueron desvinculados de la administración departamental en el 2008, luego, el 28 de julio de 2011, salió la sentencia a favor de estas personas y quedó firme en el 2013. En la época, la magistrada Gabriela Ramírez debió llamar a autos para sentencia, pero esto nunca se hizo, pese a sucesivos urgimientos presentados.
Los afectados, entonces, recurrieron a la Comisión Bicameral de Presupuesto y en el año 2017 lograron que se incluya en el presupuesto de la Gobernación para el año siguiente, el monto de G. 2.241 millones para pagar a los funcionarios desvinculados. En el 2018, asumió la nueva administración departamental a cargo de Justo Zacarías Irún y los concejales de la época aplicaron el mismo presupuesto en el año 2019.
PAGO SELECTIVO
Los afectados denunciaron que de los 48 desvinculados, 18 personas cobraron su indemnización, porque cedieron a un acuerdo del pago del 20% a los asesores del entonces gobernador y los integrantes del equipo jurídico.
Uno de los que sigue reclamando el resarcimiento es Derlis Ferreira, quien por 15 años se desempeñó como camarógrafo y editor del departamento de prensa de la Gobernación, quien confirmó que, en el año 2019, volvieron a urgir la ejecución de la sentencia en el juzgado del quinto turno de Ciudad del Este, pero no hay respuesta al pedido.
“En nuestro grupo están 4 a 5 herederos reclamando lo que sus padres no pudieron cobrar. Nosotros no cedimos a pagar el 20% que nos dijeron en una de las administraciones departamentales, el dinero fue presupuestado, lo que corresponde es que nos paguen”, insistió Ferreira.
