Luego de que a inicios de diciembre del año pasado tomó estado público las salidas transitorias de un condenado a 23 años de prisión por robo con resultado de muerte, el entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), senador Fernando Silva Facetti, anunció la apertura de una investigación de oficio contra el juez penal de ejecución Troadio Galeano, de la VI Circunscripción Judicial. La apariencia es que la situación no pasó de una velada amenaza contra el magistrado que, en su momento, intentó explicar los motivos de la medida que beneficiaba al reo.
Pasaron más de tres meses del anunció y hasta la fecha se desconoce una notificación siquiera al juez para ejercer su defensa ante el órgano juzgador de magistrados por su aparente inapropiada decisión. Lo concreto es que si no hay notificación, no existe proceso y, mientras tanto, Galeano sigue ejerciendo el cargo sin ningún tipo de molestias. El entonces presidente del JEM, correligionario liberal del administrador de justicia, habría dado un primer salto para callar a la ciudadanía o, en su efecto, “cajoneó” el supuesto expediente que no figura en las notificaciones del organismo.
NUEVA LEY
De hecho, está vigente la Ley 6814/21 que rige las actuaciones del órgano juzgador, porque esta derogó la norma nº 3759, cuyo artículo 16 fue utilizado por Silva Facetti para anunciar el inicio del procedimiento contra su correligionario. Terminada la feria judicial, La Clave no encontró rastros del proceso anunciado. La nueva ley entró en vigencia este año y en su punto central exige una acusación contra un magistrado judicial, agentes fiscales o defensores públicos para sostener un proceso.
El JEM ni insinúa signos de mejoría en su accionar y se tomó la costumbre de anunciar públicamente procesos contra magistrados, que en la realidad no existen. Ayer saltó el caso del juez de garantías Carlos Vera por la provisión de habeas corpus preventivo a peligrosos criminales, hoy con código rojo en la Interpol. En la semana, se anunció el procesamiento del fiscal Alfredo Acosta Heyn, de la ciudad de Hernandarias. La ciudadanía espera impasiva una reacción acorde del JEM para responder a su cometido. Las logias masónicas y el partidismo político dominan las nominaciones y padrinazgos, mientras tanto, nadie es castigado por mal administrar la justicia.
