Pasados 10 días de concluida la feria judicial, los integrantes de las tres salas penales de la VI Circunscripción Judicial no se reunieron para el sorteo del tribunal que deberá dar finiquito al recurso planteado por el fiscal Carlos Almada contra el auto interlocutorio que ordenaba arresto domiciliario para dos presuntos homicidas que estaban recluidos. Los beneficiarios fueron los hermanos Claudio y Francisco Caballero Báez, sindicados como autores de los disparos que le costaron al “pasero” Julio Brítez Espínola, decidido el 12 de enero último por la jueza penal de garantías Cinthia Garcete.
La causa se tramita ante el juzgado penal de la ciudad de Presidente Franco, a cargo de la jueza Carina Frutos, quien había ordenado la prisión preventiva de los hermanos sospechados. Su colega Garcete revocó la prisión y la modificó por el arresto domiciliario, según auto interlocutorio nº 29 de la citada fecha y ordenó su inmediato cumplimiento, sin siquiera fundamentar razonadamente su resolución. El recurso fiscal no es analizado debido a la desidia de los nueve camaristas, integrantes de las tres salas penales con que cuenta la Circunscripción Judicial, que no se reúnen para el sorteo de sala en abierta protección de la jueza Garcete, según fuentes judiciales.
Los familiares de la víctima fatal consideraron en su momento que el decisorio de la magistrada de feria tenía condimentos alejados de lo jurídico, ya que según la norma penal no corresponde el beneficio “dadivoso” otorgado a los hermanos Caballero Báez. Incluso, señalaron que los representantes legales de los procesados se limitaron a firmar el escrito de revisión planteado en su momento y que el mentor real sería un conocido letrado muy cercano a la magistrada Garcete, quien habría operado bajo “acuerdo” para conseguir la modificación de las medidas cautelares.
Ayer, en la unidad fiscal que planteó el recurso, se confirmó que ni siquiera se tiene la sala penal que deberá expedirse sobre la nulidad requerida en su momento y, en consecuencia, se ordene la vuelta a prisión de los encausados, cuyos paraderos son responsabilidad de la jueza Cinthia Garcete. Los agravios expuestos en el recurso de apelación se basan en estricto derecho y se actuó conforme a los ordenamientos jurídicos, según el planteamiento de la representación pública.
La supuesta normalización de actividades es de mera forma y una muestra de ello es el comportamiento de los nueve camaristas que no cumplen con sus obligaciones, dijeron los familiares, al tiempo de manifestar que no cuentan con recursos para contratar un abogado que los acompañe en la causa. Los hermanos Caballero Báez son los autores y hubo muchos testigos del asesinato, concluyeron.
