A finales de noviembre del 2021, una jueza obsecuente a los políticos de turno y a empresarios, dueños de estaciones de servicios de Presidente Franco, cercenó las atribuciones de los concejales opositores con una medida cautelar de amparo. Se trata de la magistrada Juana Teresita Martínez, de niñez y adolescencia de la VI Circunscripción Judicial, quien ordenó la suspensión de un pedido de los ediles colorados a través de una minuta para reconsiderar la aprobación de planos y planillas para la construcción de una estación de servicio de la empresa Tapiracuai S.A., en el barrio San Pablo. La obra continúa pese a ser irregular.
Las obras de una futura estación de servicios ubicada frente al cuartel de bomberos voluntarios de Presidente Franco, en el barrio San Pablo continúa, pese a estar sospechada de irregular. Eso mediante la medida cautelar dispuesta por la jueza Juana Teresita Martínez. El asesor jurídico de la Junta Municipal, Leonardo Roa, dijo que no correspondía la medida, y que apelará y litigará en el caso esta semana, una vez que lo reconfirmen en la Junta.
“La medida no corresponde, porque la institución municipal tiene autonomía, y no se tuvo tiempo de apelar por algunos artificios. Vamos a apelar la medida”, indicó el abogado. La aprobación de planos y planillas para la construcción se aprobó en una sesión extraordinaria “a escondidas”, durante la gestión de la intendente Julia Ferreira (PLRA) el 5 de noviembre pasado.
Posteriormente, en sesión ordinaria, el 15 de noviembre último, los nuevos concejales opositores y colorados presentaron una minuta en la que solicitaron la reconsideración de la aprobación de esos planos y planillas. Los miembros de la Junta Municipal que firmaron la minuta fueron los colorados Mauricio Torres, Luis Gallardo, Hugo Mendoza y Joel Torres.
IRREGULARIDAD
En la sesión del 5 de noviembre estuvieron presentes 10 concejales, de los cuales cuatro hicieron constar su disidencia y dos estuvieron ausentes, por tanto, hubo dudas de mayoría simple para aprobar los planos y planillas para la construcción del surtidor de la empresa Tapiracuai S.A. en el barrio San Pablo de la ciudad.
Para la obra no se ha registrado declaración de impacto ambiental, la superficie del inmueble no es la medida que requiere un surtidor, se encuentra próximo a una institución educativa, local de bomberos, entre otras irregularidades debidamente comprobadas. Ante el pedido, la empresa Tapiracuai S.A., perteneciente a la familia Méndez, según los datos, recurrió a la jueza Juana Teresita Martínez para solicitar la medida cautelar para coartar la atribución de los concejales.
OBRA SIGUE
La medida cautelar otorgó la suspensión del pedido de los colorados por medio de la minuta. Según el concejal Hugo Mendoza (ANR), fue una aberrante intromisión del Poder Judicial en la autonomía de la Junta Municipal, y dijo que, pese a la irregularidad, mediante la medida la obra sigue, aunque pueden apelar, pese cree que ya es tarde.
Los concejales anteriores y el intendente actual Roque Godoy son conocidos por llenar el municipio de surtidores a cambio de presuntas coimas por parte de los empresarios, además de los jueces.
