La mensura judicial en el sector conocido como finca 66, que abarca desde el km 4 al km 7 Acaray, terminaría recién en agosto, según explicaron los responsables de la empresa adjudicada para el trabajo. La tarea de relevamiento de datos ya llegó a un 80%, y abarcó los distintos asentamientos que están situados en unos cinco barrios de Ciudad del Este. Lo que se busca es regularizar la situación de los inmuebles, de manera que los ocupantes paguen impuestos, resaltó el intendente Miguel Prieto.
La empresa adjudicada para la realización de la mensura fue Geo Cad Consultoría Topográfica Ambiental, por la suma de unos G. 2.673 millones, tras un llamado a licitación en pasado mayo del año pasado, pero el inicio del trabajo se retrasó debido a trabas a nivel judicial.
El ingeniero Jorge Quintana, responsable de dicha empresa, explicó que pese a que en mayo del año pasado ya se firmó el contrato con la Municipalidad de Ciudad del Este, recién en octubre se iniciaron las tareas, debido a que ningún juez quería autorizar el juicio de mensura. “Varios jueces evitaron expedirse para el inicio del juicio de mensura, por ello se retrasó”, mencionó Quintana.
Refirió que el 3 de diciembre se inició el proceso, y desde entonces se realiza la medición de los inmuebles y el censo en los distintos asentamientos y zonas donde las viviendas no cuentan con títulos. Aseguró que el trabajo ya ha avanzado en un 80%, y que existe una importante colaboración de vecinos y líderes de asentamientos para la labor.
“Se está midiendo el área y haciendo un censo de los asentamientos para ver las dimensiones de terrenos. Casa por casa medimos, vemos quiénes ocupan los terrenos. Ya se alcanzó el 80% del trabajo de mensura en muchísimos asentamientos. Enero paramos por las fiestas, pero estamos comenzando de nuevo. Semana que viene estaremos por el asentamiento Belén, María Auxilia, entre otros”, expresó el profesional.
Quintana explicó que son aproximadamente 24 asentamientos donde se realizan las recolecciones de datos. La extensión total que está siendo analizada es de 750 hectáreas.
Detalló que con el trabajo se busca determinar cuáles terrenos no cuentan con títulos, que son terrenos municipales. “Es para que no se les siga molestando con desalojos, al pagar sus impuestos. Los terrenos titulados no son objetos de mensura”, especificó.
ANTECEDENTES
La zona afectada comprende desde el km 4, lado Acaray, hasta el km 7, abarcando populosos barrios como Che La Reinal, La Blanca, Carolina, Don Bosco, Mburucuyá, Las Carmelitas, entre otros.
El conflicto por las tierras data de varias décadas atrás, y el único camino para poner punto final al mismo es con una mensura judicial que está siendo realizada, e involucra a unas 20.000 familias.
Constantemente se denuncia desalojos injustificados con órdenes de jueces que reciben algún tipo de “incentivo” de grandes empresas. La finca fue expropiada en el año 1990 de una empresa privada a favor de la Municipalidad. Sin embargo, gracias a maniobras del clan Zacarías, existen empresarios que se adueñan de las tierras.
