El 2022 nuevamente es considerado un “año electoral”, habida cuenta de las elecciones internas de los partidos políticos, ya con miras a las elecciones generales, en abril del 2023. Por ello, muchos de los problemas acuciantes pasan – una vez más- a un segundo plano, como por ejemplo la dramática situación de centenas de menores que sobreviven en las calles de las grandes ciudades del país.
Estos menores, que viven en un completo estado de abandono, afectados por el consumo de alcohol y estupefacientes, constituyen el rostro más triste de un Estado que está fracasando en proteger a su población más vulnerable. Los recortes realizados en los presupuestos de asistencia social, mientras se derrocha dinero en gratificaciones populistas, en campañas políticas y en escandalosos robos al erario público, tienen gran incidencia.
Gran parte de los niños y adolescentes que deambulan en estado de abandono son indígenas, muchos de ellos componentes de comunidades que vienen a la ciudad a reclamar asistencia ante la miseria que padecen en el campo, o tras haber sido desalojados de sus tierras ancestrales, y que se pasan semanas o meses viviendo en forma precaria en plazas públicas, en terrenos baldíos o en plena calle.
Aunque hay funcionarios y promotores sociales trabajando por brindar a atención integral a estos niños y a sus familias, ellos mismos reconocen que el sistema no da abasto. Por ejemplo, los fondos destinados a la SNNA se recortaron bastante en los últimos años, porque se decidió priorizar otras cosas. Mientras tanto, se sigue derrochando mucho dinero en cuestiones mucho menos importantes, pese a los constantes pedidos de “racionalizar” los gastos del Estado.
La exposición a las drogas es lo más grave, teniendo en cuenta el efecto que producen y las acciones que conllevan por derivación, haciendo que los niños o adolescentes adictos al crack, en su corta edad, sean considerados ladrones, homicidas o simples delincuentes de quienes hay que cuidarse y se debe marginar. Lo más triste de todo esto son los bebés drogados para que se duerman, alquilados y explotados en brazos de adultos en los semáforos de nuestras calles y avenidas, para que los padres o responsables de los mismos consigan objetivos pecuniarios aduciendo mendicidad. Finalmente, lo penoso de todo es la ausencia de sanciones ejemplares para esas personas responsables de esos abusos.
Es de esperar que ante los padecimientos de tantas niñas y tantos niños de nuestra sociedad, los políticos alguna vez asuman con responsabilidad su papel de resguardar los intereses de los paraguayos, en especial de los menores que esperan ser rescatados, a fin de encaminarse por sendas que les brinden una mejor calidad de vida, acorde a los requerimientos exigidos y consagrados en las leyes nacionales e internacionales.
Sería oportuno que la ciudadanía esté muy atenta a los discursos de los candidatos presidenciables, de los aspirantes a la diputación, senaduría, gobernaciones, juntas departamentales, a ver si alguno de ellos recuerda el drama de los niños y menores que viven en las calles y propone soluciones concretas, con las cuales se podría reducir este drama humano del cual somos testigos todos los días.
