
El exintendente Rubén Rojas (ANR), al entregar la administración de la Municipalidad de Hernandarias, dejó numerosos compromisos impagos, que pone al nuevo intendente, Nelson Cano, ante un gran desafío. Una de las deudas millonarias e insólitas es con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), de más de G. 800 millones. Esto en varias dependencias de la Comuna hernandariense.
Rojas no pagaba ni siquiera la cuenta de luz de la institución municipal y de otras dependencias de la Municipalidad. Según dio a conocer Cano, la deuda con la ANDE es de años anteriores, y son de varios números de NIS, que alcanza un total de G. 822.425.085.
Al asumir el actual intendente, se topó con graves problemas financieros, ya que ni siquiera se contaba con dinero para pagar a los funcionarios, por lo que debió recurrir a un préstamo de unos G. 5.000 millones para ponerse al día con el personal municipal, pese a que se considera ilegal endeudar al ente para cubrir gastos corrientes.
Cano, a través de su red social Facebook, dio a conocer los detalles de los compromisos financieros. Especificó que las deudas contabilizadas hasta el 8 de noviembre del 2021, totalizan el monto de 𝐆. 𝟓.𝟏𝟎𝟏.𝟒𝟐𝟓.𝟖𝟐𝟔.
También existe una deuda de G. 175.693.273 por mantenimiento de vehículos, servicios de lavadero, servicios gastronómicos, servicios profesionales, servicio de publicidad, línea corporativa de telefonía, entre otros.
Por otro lado, G. 205.042.082 corresponden a construcciones y G. 176.094.200 a contratación por vía de excepción de lavamanos e insumos de bioseguridad para instituciones educativas, y que ha sido observado por la Dirección Nacional de Contrataciones Púbicas (DNCP), que no ha aceptado la urgencia de dicho llamado.
Estas son algunas de las deudas, de las varias dejadas por Rojas. El actual intendente dijo que terminaría primeramente una auditoría externa, para luego determinar las irregularidades cometidas por el mismo, y así presentar una denuncia ante las instituciones pertinentes, como el Ministerio Púbico y la DNCP.
OTRAS DENUNCIAS
Una de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público está firmada por los concejales y exconcejales Wilson Ayala, Alberto Báez, Jhon Florentín, Demetrio Soler, Carlos Rojas y Alcira Cáceres.
Entre algunos de los puntos, se encuentran las transferencias a entidades educativas por unos G. 1.122 millones, sin documentaciones. También menciona una erogación de unos G. 845 millones en el año 2020, dinero que fue transferido a una empresa denominada “San Cayetano”, tras un descuento a funcionarios, sin dar explicaciones algunas, entre otros puntos.