Datos oficiales del Ministerio Público dan cuenta que, en el 2021, la Violencia Familiar fue el hecho punible más denunciado. Se estima un promedio de 2.440 víctimas atendidas por mes y aproximadamente 80 víctimas por día. En ese sentido, en el 2021 el Ministerio Público recibió de Enero a Diciembre un total de 29.288 denuncias por el mencionado hecho punible. Se registra un incremento de casi 8 casos por día más, en relación al 2020 en el cual se atendía 71 víctimas por día.
Según la evolución anual de denuncias por Violencia Familiar recibidas en el Ministerio Público en todo el país, entre el 2015 y el 2020 hubo un aumento de 158% de denuncias recibidas. Primeramente, en el año 2015 ingresaron 10.164 denuncias, en el 2016 se recibieron 13.142 denuncias, en el 2017 se recibieron 16.600 denuncias, en el 201 ingresaron 21.840, en el 2019 la suma asciende a 26.039, y en el 2020 a 26.241.-
Indudablemente son cifras que deben llamar a la reflexión. Un país con semejante récord revela que algo está enfermo muy dentro de su sociedad, en el seno de la familia y de las relaciones interpersonales. Con el agravante de que se trata de una violencia que destruye hogares, nos expone a seguir multiplicando patrones de conducta agresiva y de maltrato, al tiempo que rompe los lazos de confianza y comunicación, fundamentales en la construcción de más y mejores ciudadanías.
Dice la Fiscalía que en lo relacionado con violencia intrafamiliar, las dificultades están en que muchas víctimas no siguen adelante con los procesos y los investigadores se quedan sin testimonios que resultarían fundamentales a la hora de judicializar a los agresores. Así mismo, la congestión en los despachos hace que estos procesos se estanquen por falta de fiscales especializados.
En un país con un aumento desmedido de la delincuencia en todas sus facetas, resulta complejo pedirle al aparato judicial que atienda eficazmente los casos de agresión que tienen lugar en la casa. Pero hay que hacerlo. Es un deber de la justicia atacar decididamente estos flagelos por todo lo que implican. Si permitimos que la violencia siga siendo la constante allí donde deberían anidar el respeto por el otro y el cumplimiento de las normas, no tendremos derecho a quejarnos. Y en ello juegan papel preponderante las mismas familias y el aparato educativo.
La educación es el primer paso para romper con esta cultura de la violencia, la opresión, para erradicar la discriminación y la violación de los derechos humanos para estar en pie de igualdad con los hombres, en la búsqueda de una sociedad mejor.
Esta es una lucha que convoca a toda la sociedad, más allá de las diferencias políticas o de enfoques. No será posible lograrlo si hay divisiones, si se promueven perversamente confusiones. Es tiempo para unificar posiciones, luchar por lo mismo. Hombres y mujeres que no quieren que sus madres, hijas, hermanas, sobrinas, amigas, sean golpeadas o asesinadas por el simple hecho de ser mujer.