TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Mediante tráfico de influencias, el libanés usurpador de inmueble ajeno busca impunidad

El libanés Karin Abou Saleh y su abogada Laura Olázar, cuando fueron a apropiarse de la propiedad.

El libanés Karim Abou Saleh, de oscuros antecedentes y acusado de apropiarse de una valiosa propiedad de 7 hectáreas en Pdte. Franco mediante la falsificación de documentos y engaños, estaría buscando impunidad en este caso. El extranjero con la ayuda de la jueza en lo civil, Sara Silva Figueredo, consiguió la posesión del inmueble perjudicando así a una humilde familia paraguaya. Leguleyos cercanos al libanés estarían invocando el nombre del abogado Jorge Bogarín, representante del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura, para traficar influencias en esta polémica causa y ganar favores.

La causa gira en torno a una valiosa propiedad de 7 hectáreas, ubicada en el km 8 Monday, fracción María Auxiliadora del distrito de Presidente Franco. El inmueble es propiedad de la familia Brítez Ortega, conformada actualmente por 8 hermanos, quienes hace unos 50 años residían en la propiedad. El día 9 de enero de 2021 falleció la madre de los Brítez Ortega, sin embargo, poco antes de su muerte, dos de los hermanos, Ernesto y Oscar, la llevaron a una escribanía y por escritura pública, y bajo engaños, le hicieron firmar la cesión de derecho y acciones posesorias de las 7 hectáreas de su propiedad a favor del libanés Karim Abou Saleh.

Ernesto y Oscar embaucaron a la anciana, manifestándole que firmaría un documento para cobrar pensión por tercera edad, pero en realidad le hicieron firmar la cesión de derecho y acciones posesorias a favor del extranjero. Los mismos aprovecharon que la mujer era analfabeta (no sabía leer ni escribir), por lo cual solamente rubricó su huella digital en el documento. Posteriormente, los otros hermanos se percataron del hecho y recurrieron a otra escribanía para anular dicha escritura pública.

Sin embargo, el libanés Karim Abou Saleh fue más rápido y utilizando sus influencias y el poder del dinero (los integrantes del clan Abou Saleh son poderosos comerciantes de CDE), rápidamente presentó un interdicto de retener la posesión ante el juzgado civil de Presidente Franco. A pesar de que no tenía ningún documento para demostrar la propiedad del inmueble y nunca retuvo la posesión, llamativamente, la jueza del fuero civil Sara Silva Figueredo dio lugar al interdicto.

Posteriormente, la magistrada, en compañía de Abou Saleh, se constituyó en el inmueble e inmediatamente dictó medida cautelar y decretó la prohibición de innovar sobre el inmueble y dispuso la custodia policial. Con dicha resolución, el libanés consiguió que los hermanos Brítez Ortega ya no pudieran ingresar al inmueble. Como si fuera poco, recurrió al Ministerio Público de Presidente Franco contra los hermanos Brítez Ortega, quienes hace 50 años residen en esas tierras, en donde incluso nacieron y se criaron.

EXTRANJERO SE BURLA DE LA JUSTICIA PARAGUAYA

Ante esta verdadera afrenta y barbaridad jurídica, los Brítez Ortega presentaron denuncia por producción de documentos públicos de contenido falso y reclamando la posesión de la propiedad, que está siendo investigada por el fiscal Fernando Galeano de Hernandarias. La causa se dirime en el distrito hernandariense, debido a que la escribanía donde presuntamente se falsificaron las documentaciones se encuentra en este municipio.

Pero se teme que no sería apenas la jueza Sara Silva Figueredo la que se allana a todos los requerimientos del libanés Karim Abou Saleh, experto en estas lides, ya que se le acusa de haberse apropiado de varios bienes de su propia familia, con maniobras jurídicas bastante cuestionables.

INVESTIGACIÓN

El fiscal Fernando Galeano, de Hernandarias, fue designado recientemente para investigar la causa. Por el momento, el extranjero recurre a chicanas jurídicas; el lunes envió a un abogado nuevo y logró así la suspensión de la audiencia de declaración indagatoria. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que el libanés está utilizando todas las artimañas posibles e incluso estaría invocando el nombre del abogado Jorge Bogarín, representante del gremio de los abogados ante el Consejo de la Magistratura, para presionar al fiscal y dejar impune la usurpación de inmueble ajeno, cometida por el libanés y sus secuaces.

Este caso representa una vez más explícitamente cómo la justicia paraguaya se doblega y se somete al poder económico de los poderosos, en detrimento de personas humildes, que no tienen capacidad monetaria suficiente para hacer frente al engranaje viciado de corrupción del Poder Judicial paraguayo.

IMPUTADOS

Cabe destacar que el extranjero incluso logró la imputación de Eligio Brítez Ortega, uno de los accionantes, por un supuesto hecho de violencia familiar, tratando de enviarlo a la cárcel para sacarlo del camino. El abogado Juan Diosnel Persíngola, representante legal de los ocho hermanos herederos, lamentó que el extranjero se burle de la justicia con chicanas baratas para dilatar la investigación penal por producción de documentos públicos de contenido falso.

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