TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Inmobiliarias que usurpan propiedades buscan trabar mensura de la finca 66

La mensura judicial ahora empezó a tomar avance y varias inmobiliarias buscan la manera de evitar la conclusión sobre la tierra que fue expropiada a favor de la Municipalidad de Ciudad del Este.

 

Propietarios inescrupulosos de inmobiliarias están buscando por todos los medios obstaculizar la mensura judicial que lleva adelante la Municipalidad de Ciudad del Este sobre la finca 66 y la finca 13.741, que totalizan 755 hectáreas y abarcan varios barrios de la capital departamental. Dichas fincas habían sido expropiadas en los años 90 a favor del municipio, pero luego fueron fragmentadas y rematadas por diversas inmobiliarias por montos millonarios, negociado que ahora se busca revertir con la mensura.

Cabe recordar que la finca 66 pertenecía la empresa Bananera Paraguaya S.A., que perdió la posesión del inmueble en el año 1962. A través de la ley de expropiación 35/90, el inmueble pasó a manos de la Municipalidad de Ciudad del Este, y se pagó a los socios de la empresa unos G. 40.000 millones. Junto a la finca 66, también fue expropiada la finca 13.741, que figuraba a nombre de José Bittar, que aparecía como dueño de unas 150 hectáreas, totalizando así 755 hectáreas las expropiadas a favor del municipio y por las que el Estado paraguayo pagó en su momento.

En octubre del año 2019, ya bajo el mandato del intendente Miguel Prieto, la Junta Municipal de Ciudad del Este aprobó la derogación de la resolución 30/2008 de ese cuerpo legislativo, firmada en la era del clan Zacarías, en la cual se considera a la finca 66 como inmueble municipal privado, y sirvió para que el Ministerio Público realice desalojos. Asimismo, existe una ordenanza que dispone la realización de una mensura judicial en el predio que fue expropiado a favor de la Comuna. La mensura judicial abarca desde la zona del km 3,5 hasta el km 7,5, que incluye los barrios Pablo Rojas, Che la Reina, La Blanca, Ñasaindy, Don Bosco, Mburucuyá y Carolina. Para ello, serán invertidos G. 6.000 millones del presupuesto municipal.

Hoy día, la mensura judicial está en plena marcha. Los trabajos están a cargo de GeoCad Consultora Topográfica, que fue adjudicada por el municipio por un monto de G. 2.673.000.000 plurianual, correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022. La empresa cuenta con un dron de excelente tecnología para medir en tiempo real la situación de los terrenos. Toda la información será fusionada y proveída a la división de catastro de la Municipalidad.

INMOBILIARIAS BUSCAN TRABAR

Según representantes de organizaciones sociales, que reivindican sus derechos sobre las fincas actualmente bajo estudio, hace décadas la Contraloría General de la República ya declaró, mediante informe, que la Municipalidad de CDE aprobaba irregularmente el loteamiento de sus propias tierras. Es decir, diversas inmobiliarias, como Sur Inmobiliaria (vinculada a los Stroessner), Mario R. Kostianovsky, Inmobiliaria del Este, entre otras, pedían la aprobación de loteamientos a la institución municipal, comercializando los valiosos inmuebles con títulos apócrifos de contenido falso, situación que incluso ya se venía gestando antes del inicio de la gestión del clan Zacarías, en el año 2000.

Inclusive, en ese año se había conformado una comisión investigadora en Diputados, que realizó un estudio pormenorizado de esas tierras, donde se concluyó que la Municipalidad expropió un título válido, es decir, se pidió la expropiación a sabiendas de quiénes eran los verdaderos dueños. La idea era apenas expropiar las 30 hectáreas del exdictador Alfredo Stroessner, sin embargo, se expropió las más de 700 hectáreas, por G. 40 mil millones.

El fin exclusivo de los propulsores de esta jugada era obtener réditos personales, haciendo caso omiso a la ley orgánica municipal, que dice que el intendente y los concejales deben ser guardianes del patrimonio municipal. Recién bajo mandato del intendente Miguel Prieto se está haciendo lo que debió hacerse hace 30 años, es decir, la mensura judicial, a fin de recuperar la posesión municipal. Sin embargo, hoy día las inmobiliarias mencionadas y otras están tratando de obstaculizar al máximo los trabajos, a sabiendas de que perderán los derechos adquiridos ilícitamente en base al engaño y la falsedad. Hasta hoy día se siguen realizando desalojos en la finca 66, en base a títulos de propiedad de contenido muy cuestionable.

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