
La Junta Municipal de Ciudad del Este recibió en audiencia pública a representantes de la Asociación de Transportistas Urbanos de Ciudad del Este (ACETRAPACE), quienes presentaron un estudio que indica que con la suba progresiva del combustible el costo operativo de cada ómnibus subió un 56%, y que actualmente están trabajando a pérdida, lo que imposibilita realizar el mantenimiento y la adquisición de nuevas unidades. Fue durante la sesión extraordinaria, realizada ayer.
En el informe presentado por los empresarios se detalla que con el precio del pasaje a G. 4.300 estarían empatando con el gasto de movilización, por lo que solicitan un reajuste del boleto. Además, hicieron una comparación con las unidades de transporte interurbanos que actualmente están cobrando G. 4.000.
El pedido de los transportistas recibió un rotundo rechazo de parte de los concejales, quienes coincidieron en señalar que no están en condiciones de acompañar una solicitud de incremento del pasaje porque no corresponde, teniendo en cuenta que deberían de cumplir primero con el contrato firmado, respetar los itinerarios establecidos, ofrecer un servicio mejor a los usuarios, presentar un proyecto de renovación de buses y luego solicitar el aumento.
“Estamos de acuerdo en que hubo en excesivo aumento del combustible, pero debemos decir también que las unidades están en pésimo estado. Yo voy a acompañar la suba si hay mejores vehículos, si cumplen con los itinerarios especialmente de noche, con mucho gusto, pero, así como están las cosas no”, aseveró el concejal Oscar González.
Por su parte, María Portillo, indicó que sigue con la misma postura, que deben cumplir mínimamente el contrato establecido. “Estamos en Ciudad del Este, capital del Alto Paraná y tenemos las peores unidades de transporte del país. Hay muchas quejas como mencionó el colega Óscar, nunca cumplen con los itinerarios, cuando es sábado o domingo pasan una sola vez, los asientos están en pésimas condiciones, están sucios, la gente que utiliza no son animales, son personas. Primero cumplan mínimamente con la ciudadanía o si no dejen a otros que trabajen. Esa es mi postura”, señaló
En tanto, el concejal Jaime Méndez, indicó que es una cuestión sensible, dado que el salario mínimo de un trabajador es de G. 2.2 millones y haciendo un cálculo para el usuario que utiliza dos veces el servicio representa el 10% del sueldo. “Hay un margen de ganancia. Tenemos asfaltos y calles deteriorados, el señor intendente tiene que cumplir con la ciudadanía, también nosotros debemos hacer cumplir los contratos. Hay que penalizar o rescindir contratos si no se cumplen”, apuntó.
Luego del extenso debate, los concejales municipales enviaron el pedido de aumento para su estudio y análisis a comisión, y resolvieron cursar una invitación a los líderes de los barrios y representantes estudiantiles, para que todos los interesados formen parte de la decisión.