
El cuestionado juez de ejecución del primer turno de CDE, Troadio Galeano Ledesma, es el responsable del más reciente escándalo judicial, que nuevamente causa la burla nacional e internacional para el Paraguay. Es el magistrado que otorgó un “permiso transitorio” a un peligroso delincuente recluido en la cárcel regional, para que pueda abandonar el reclusorio los fines de semana para cometer atracos.
Se trata del malviviente Richard Darío Benítez Pereira, alias “Richard’i”, de 27 años, sindicado por la Policía y la Fiscalía de haber participado de un millonario asalto a un minimercado, el fin de semana en Pdte. Franco. Abogados consultados indicaron que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) debe actuar de oficio y suspender de inmediato al juez, para luego defenestrarlo en forma definitiva del cargo.
Todo el caso “estalló” luego del asalto al minimercado “Baratito” de Presidente Franco, en donde malvivientes se alzaron con unos G. 30 millones. Gracias a filmaciones de circuito cerrado se pudo determinar que uno de los asaltantes fue Richard Darío Benítez Pereira, quien tiene una condena de 23 años de prisión y está recluido en la cárcel de Ciudad del Este por un hecho de robro agravado con resultado de muerte.
Sin embargo, gracias a la sugestiva “benevolencia” del juez Troadio Galeano, Benítez Pereira cuenta con un “permiso transitorio” los fines de semana para ir a su casa. El magistrado lo benefició con la salida del penal en forma semanal desde el mes de octubre de este año, por un tiempo de 48 horas, desde el sábado a las 07:00 hasta el lunes a las 07:00.

SE BURLA DE LA POLICÍA
El comisario Marcelino Espinoza, jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, explicó que el recluso, conocido como Richard’i, tiene otros procesos, pero como en Paraguay la pena no es sumativa, se tomó la pena mayor de entre las condenas, ya que también fue condenado a seis años por el robo a una estación de servicios, cuando aún era menor de edad.
Benítez Pereira fue al banquillo de los acusados en el 2015 y un tribunal colegiado lo condenó a 23 años de cárcel por un asalto en que resultó asesinada Vanessa Benítez González, de 32 años. Pese a no completar ni siquiera un cuarto de la condena, el juez le permitió volver a las calles para que siga cometiendo asaltos. En síntesis, se trata de un delincuente “de la pesada”, que sin embargo, increíblemente, logró “convencer” al magistrado Troadio Galeano de que merecía estar en libertad.
El comisario Espinoza dijo que Benítez Pereira forma parte de una gavilla de asaltantes y que los ideólogos están dentro de las cárceles, y son quienes organizan los atracos, que luego son ejecutados por miembros que siguen en libertad.
ALLANAMIENTO
A raíz del escándalo que tomó estado público, la fiscal de la unidad 1, Liliana Denice Duarte, ordenó el allanamiento de la cárcel regional. En la celda vip, ocupada por el peligroso delincuente, fueron halladas diversas evidencias que lo vinculan al mencionado atraco y a otros ilícitos. Así también, la Fiscalía y la Policía allanaron la vivienda del malviviente, en donde se encontró el calzado y el kepis utilizados en el asalto al minimercado, por lo cual no existe ninguna duda de que participó del atraco millonario. Como si todo fuera poco, Richard’i, era dueño de una cantina dentro del penal, y según los propios reos, allí se comercializa bebidas alcohólicas y droga de todo tipo.
BENEFICIOS POR DINERO
De acuerdo con los datos, el juez Troadio Galeano se caracteriza como “muy fiera” para otorgar medidas alternativas, sin embargo, los “peces gordos” no tienen problemas para obtener beneficios. Cabe recordar el caso de un recluso que sufrió una descarga eléctrica mientras hacía trabajos de manualidades en la cárcel regional de CDE. El mismo quedó con severas secuelas neurológicas (prácticamente en estado vegetativo), por lo cual sus familiares pidieron la modificación de formalidad de la prisión, pero el juez de ejecución, Troadio Galeano, nunca contestó el pedido ni los recibió, por lo que incluso se estudió en denunciarlo ante el JEM y la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Supuestamente, este juez tiene “poderosos padrinos” en la VI Circunscripción Judicial y también en la capital del país, motivo por el cual no teme ninguna investigación del JEM, ya que tendría asegurada la impunidad.